El pacto del PSOE con el secesionismo costará más de 42.000 millones

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Los acuerdos de investidura que el PSOE firmó con ERC y Junts carecen de la más elemental memoria económica y evitan así poner cifras a lo que constituye, según los expertos consultados por elEconomista.es, una auténtica bomba de relojería financiera para las Administraciones españolas.

En concreto, los analistas ya se alarman ante un coste de, como mínimo, 42.500 millones de euros, capaz de elevar el conjunto de la deuda pública en tres puntos de PIB y el déficit en una cuantía semejante (aunque más difícil de estimar en este último caso).

Como era previsible, el grueso de ese impacto proviene, por un lado, del desmantelamiento del sistema de financiación de régimen común (pactado esta semana con Junts) y, por otro, de la quita del pasivo contraído por Cataluña con el FLA y otros mecanismos de financiación semejantes puestos en marcha por el Estado (lograda por Esquerra).

En el primer caso, la posibilidad de ceder toda la recaudación tributaria a la Generalitat deja en el aire cerca de 20.000 millones (el 50% de los tributos ahora recaudados en ese territorio). No en vano el documento firmado por el partido de Carles Puigdemont y los socialistas no define qué compensación recibiría el Estado por los servicios que presta en Cataluña. En otras palabras, está todo por aclarar en cuanto a cómo se articularía, para el caso catalán, una especie de cupo al estilo de aquél al que ya se sujeta el País Vasco.

Pero la autodeterminación fiscal catalana que se abre paso no se detiene ahí. También debe considerarse su impacto en lo que concierne a los aproximadamente 7.000 millones que el Govern aporta (en promedio) a los mecanismos de solidaridad con el resto de las autonomías que ahora prevé el actual sistema de financiación de las regiones. Esa aportación no obstante se redujo mucho en los años recientes.

De hecho, todos los expertos consultados coinciden en que el desgajamiento de Cataluña del régimen común de reparto de recursos deja a este protocolo en una situación «insostenible», con Madrid como su único apoyo.

A este respecto, el investigador de Fedea, Miguel Ángel García, asevera que está en ciernes la aplicación de «un modelo confederal asimétrico -jacobino para el resto de las autonomías- muy gravoso para la mayor parte de España sin consulta a la sociedad«. «La equidad y la solidaridad se quebrarían con toda seguridad», sentencia.

El segundo peaje que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar a los independentistas es bien conocido, desde que llegó a un acuerdo con Esquerra. La condonación de la deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) suma otros 15.000 millones de euros que la Administración central dejará de ingresar.

Impacto al alza cada año

Y todavía hay que añadir otros impactos, de menor calado pero igualmente significativos. Es el caso de la transferencia completa de los servicios ferroviarios Rodalies (ahora la Generalitat tiene en esté ámbito en una potestad solo parcial). Fuentes gubernamentales reconocen a este diario que la factura en este caso rondará los 500 millones.

Todas estas cifras tienen en cuenta solamente un primer impacto de la aplicación simultánea de todas las cesiones hechas al independentismo en el marco de las negociaciones de investidura. El cómputo global está abocado a ser mayor conforme avancen los años, dado que medidas como la autodeterminación recaudatoria catalana tendrán efectos en todos los años posteriores a su aplicación.

Ante la magnitud de las cifras, cabe preguntarse qué horizonte se plantea para el control del déficit y la deuda del sector público, a las puertas de que la Comisión Europea vuelva a exigir la aplicación de la disciplina fiscal.

En el caso del endeudamiento, los expertos vaticinan un incremento de tres puntos de PIB sobre un pasivo que supera desde hace años el 100% de la producción total española. Se trata de un alza vinculada directamente al perdón de las cuentas pendientes de Cataluña con el FLA.

En lo que concierne a la otra cara de la moneda de las cuentas públicas, el déficit la repercusión sería también significativa, pero más difícil de computar en el corto plazo, pero podría ser semejante al esperado para pasivo.

Sobre la mesa se plantean otros perjuicios fiscales y financieros mucho más difíciles de cuantificar, pero de gran importancia cualitativa. Es el caso de la ruptura del sistema de recaudación y de los problemas que se plantearán a la hora de poner coto al fraude y la economía sumergida.

En un plano todavía más cercano a la economía real, es también previsible un aumento de la brecha, en cuanto a crecimiento y PIB per cápita, entre las diferentes comunidades autónomas.

En www.eleconomista.es

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