El nuevo sistema de cotización de autónomos se salda con 62,5 millones más de ingresos para la Seguridad Social

La implantación del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos -ajustado a los ingresos reales obtenidos- y el posterior proceso de regularización (para devolver a quien cotizó de más y exigir a quien lo hizo de menos) ya está prácticamente concluido y, según los últimos datos, se ha saldado con 62,5 millones de euros a favor de la Seguridad Social.

Los números presentados este lunes por la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, en el Congreso de los Diputados, indican que el proceso de regularización se ha saldado con la remisión de 765.965 resoluciones a autónomos que en 2023 cotizaron por debajo de lo que les correspondía en función de sus ingresos. Además, ha habido otras 543.162 resoluciones a autónomos que cotizaron de más. Ello ha provocado la exigencia de unos 473 euros de media a los primeros y la devolución de un promedio de 523 euros a los segundos. En total, la diferencia entre el total de ingresos y devoluciones se ha saldado con 62,5 millones a favor de la Seguridad Social, después de este primer proceso de regularización, que se inició en octubre de 2024 y que, según la ministra, ya está prácticamente terminado.

El nuevo sistema de cotización de los autónomos se estrenó en 2023, dentro de un plan de implantación gradual, hasta el año 2032, cuando ya debería estar plenamente operativo. Hasta entonces, se debe ir aplicando progresivamente en ciclos de tres años. El primer ciclo abarca el periodo 2023-2025. La ministra ha recordado que este mismo mes convocará la mesa para negociar con los agentes sociales la nueva escala de tramos de cotización para el periodo 2026-2028 con el objetivo de cerrar una nueva senda antes de finalizar el año.

Sostenibilidad de las pensiones

Durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, la ministra de Inclusión y Seguridad Social se ha mostrado «satisfecha» con la evaluación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -de la que se extrae que no es preciso, al menos por ahora, adoptar nuevas medidas de ajuste en el sistema-, si bien ha dado a entender que la salud de la Seguridad Social es mejor que lo que dice la autoridad fiscal.

Según la ministra, la Airef se quedó corta al evaluar los ingresos que puede proporcionar el nuevo sistema de cotización de autónomos. Además, según Saiz, la Autoridad Fiscal también se habría quedado corta a la hora de estimar los impactos de la reforma laboral que, desde el punto de vista del Gobierno, debe proporcionar mayores ingresos a la Seguridad Social por la mayor calidad del empleo (composición sectorial, reducción de la temporalidad y mayor duración de los contratos). Saiz ha confiado en que tanto lo uno como lo otro «se revise al alza en futuras evaluaciones, a medida que la Airef vaya disponiendo de más datos para completar y actualizar su análisis».

Después de las críticas expresadas por la propia Airef sobre idoneidad del indicador diseñado por el Gobierno para medir la sostenibilidad del sistema y después de los requerimientos de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional para su modificación, la ministra ha defendido la llamada ‘cláusula de cierre’ de la reforma de las pensiones del exministro José Luis Escrivá (hoy gobernador del Banco de España). «También entiendo que haya críticas o propuestas de mejora a la cláusula, las cuales el Gobierno está abierto a escuchar y les garantizo que las analizaremos con detenimiento», ha resuelto.

De momento, el ministerio ha sometido a información pública un proyecto de real decreto que, entre otras cuestiones, encarga a la Airef un nuevo informe extraordinario sobre la sostenibilidad de las pensiones para que sea presentado antes del 1 de junio de 2026. El Ejecutivo pone en marcha este nuevo diagnóstico apenas dos meses después de que la propia Airef avalara la viabilidad del sistema, pero con acotaciones muy críticas, y dos años antes del que debería volver a publicar este organismo fiscalizador, antes de abril de 2028 (con carácter trienal, según fija la ley del exministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España).

Las presiones de las últimas semanas de la propia Airef y de la Comisión Europea, a través de sus recomendaciones, han llevado al Gobierno a dar este paso inesperado. No obstante, Saiz ha explicado que la razón de este informe adicional es el de «tener una imagen actualizada de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones» antes de 2028, cuando tocaría la nueva evaluación trianual de la Airef. «El Gobierno es el primer interesado en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones», ha resuelto la ministra.

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