El Gobierno valenciano califica la quita a Cataluña de «un cupo vasco a la catalana»



La Comunidad Valenciana, la segunda autonomía con mayor endeudamiento por detrás de Cataluña y la primera en relación a su PIB por habitantes, considera que el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para condonar el 20% de la deuda de Cataluña con el Estado deja en una situación de «indefensión» al resto de autonomías, dado que se desconocen los criterios que se han seguido para establecer esa quita.

La consellera de Hacienda del Gobierno de PP y Vox, Ruth Merino, calificó el acuerdo para la deuda de «vergonzoso e indecente» y de «compra de votos para la investidura» tras la reunión del Pleno del Consell que se celebró este viernes.

Pese a que según los socialistas, el acuerdo se trasladará al resto de autonomías aunque con otros términos, la Generalitat Valenciana se mostró muy crítica con lo que Merino definió como «cupo vasco a la catalana». La responsable de la Hacienda valenciana se mostró especialmente preocupada «porque se ha dejado de hablar de comunidades infrafinanciadas y se ha recurrido al impacto de la crisis de 2008″ como baremo para establecer esa quita a medida.

Según Merino «no tenemos ni la más remota idea de cómo se ha calculado esa condonación», por lo que se «deja al resto de CCAA en una situación de indefensión«, pese a lo cual apuntó que «si va a haber una condonación exigimos al menos el mismo trato».

Aunque desde la Generalitat Valenciana no se han querido dar cifras al desconocer esos criterios, si en su caso se aplicará la condonación del 20% de la deuda con el Estado supondría unos 9.600 millones de euros. Actualmente la Generalitat Valenciana contabiliza 57.246 millones de euros de deuda total, de los que más 48.300 millones son con el Estado.

Sólo un 20% ejecutado en Cercanías

En el caso del servicio de trenes de Cercanías, el Ejecutivo de Mazón considera que sería una irresponsabilidad reclamar la cesión de esa red ante la infrafinanciación autonómica, pero aprovechó para reclamar que de los 1.400 millones de euros del Plan de Cercanías aprobado en 2017 apenas se ha ejecutado el 20%, un claro agravio frente al pacto alcanzado con los independentistas.

El Gobierno valenciano de hecho aprobó en su reunión plenaria una declaración institucional «en defensa de la igualdad de los españoles» en que carga contra el acuerdo de amnistía, que califica de «un acto de traición sin precedentes» y «el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro a cambio de permanecer en el poder»

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