El Gobierno recuperará el decreto antiapagones en septiembre, pero el sector teme modificaciones «políticas»

Sin embargo, el mundo energético se desmarca del optimismo del Ejecutivo y, sobre todo, desconfía de su futura propuesta: «Aplaudimos que lo vuelvan a intentar, pero queremos certezas de que no desaparece nada», explican fuentes del sector a este periódico.

El Gobierno minimizó anoche el golpe en el Congreso. «De siete votaciones sacamos seis. Ni tan mal», defendió Sánchez. En el sector eléctrico rechazan las palabras y les piden que «se pongan las pilas». Esta situación de incertidumbre —aseguran— está «pasando factura». Según sus cálculos, la caída del decreto antiapagones deja en el aire 200.000 millones de inversión y, lo que es más preocupante, una situación de incertidumbre jurídica muy jodida.

Este decreto, bautizado popularmente como antiapagones, realmente «iba más allá y recogía muchas demandas históricas del sector que no habían sido escuchadas», detallan. «Ya nos vamos a septiembre y volvemos a todo el lío político». Desde el sector aseguran que no se puede esperar: «Es necesario abordarlo cuanto antes», relata otro directivo del sector.

Más allá de la posible pérdida de los 200.000 millones, que no dejan de recordar, muchos proyectos renovables ya notan los efectos del ‘no’ del Congreso y «se han quedado en el limbo». Aunque el real decreto-ley 7/2025 era bien acogido por empresas y asociaciones, recalcan que «se sigue legislando chapuza tras chapuza». El articulado, aprobado el 24 de junio, entraba en vigor el 25 de junio, salvo el artículo 32, que lo hacía el mismo día 24 para salvar a decenas de proyectos solares y fotovoltaicos cuyos permisos caducaban el 25 de junio. «¿Ahora qué pasa con ellos?», se preguntan desde el sector. «Muchos realizaron los trámites y se lo han prorrogado, ¿es válido?», apostillan. Aunque avanzan que todo acabará en los tribunales «una vez más», revelan.

En total, 10.000 megavatios de energía renovable se encontraban afectados por esta fecha de caducidad, aunque muchos de ellos han pasado a estar operativos y otros, finalmente, decidieron echar el cierre por falta de avales o de acceso a la red. El sector, antes de la prórroga, alertaba que esos proyectos habían costado cerca de 500 millones de euros a las empresas, con el consiguiente daño a las compañías si no podían rentabilizar la inversión.

«Estamos ante la misma situación que el Plan Moves», rememoran. En esta ocasión, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ómnibus en el que se incluían las ayudas a la movilidad eléctrica, entre otras medidas, pero luego decayó hasta que finalmente volvieron a ser aprobadas. «Un conductor que se compraba un coche eléctrico contaba con esas ayudas; nosotros hablamos de empresas e inversores que se juegan millones», denuncian.

«No nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria», comenta el director general de UNEF, José Donoso.

Pérdida de liderazgo

Las principales asociaciones que aglutinan a empresas energéticas y renovables en España coinciden en el daño reputacional de la marca país, más allá del económico. «Era absolutamente necesaria», defienden. España, que en 2024 consiguió rozar el 57 % de electricidad renovable, necesitaba —aseguran— este paso normativo para consolidar su liderazgo europeo en la transición energética, especialmente en un momento en el que, tras el cero energético sufrido el 28 de abril, es urgente la toma de medidas que lleven a asegurar el suministro eléctrico de cara al futuro.

Esta decisión del Congreso de no convalidar la norma —advierten— frena el impulso que las renovables habían dado a nuestro sistema eléctrico y añade incertidumbre regulatoria a un sector que ya ha demostrado ser clave para la economía nacional y la lucha contra el cambio climático, reduciendo de forma efectiva las importaciones fósiles, el precio de la electricidad y las emisiones del sector eléctrico.