El Gobierno niega una negociación abierta ni «cambio de posición en las partes» para una prórroga nuclear

Al menos, de cara a la galería. Pese a que en la última semana, coincidiendo con la presentación de resultados corporativos de Iberdrola y Endesa, dos de las principales propietarias, los CEOs de ambas compañías volviesen a defender la necesidad de mantener las nucleares y abriesen la puerta a una prórroga nuclear, el Ministerio para la Transición Ecológica ha reiterado este jueves que no existe «ninguna negociación abierta ni cambio de posición en ninguna de las partes».

El pasado mes de junio, el departamento que dirige Sara Aagesen recibió una propuesta sobre la extensión de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola que no suscribían ni Naturgy ni EDP y que fue rechazada porque el planteamiento de estas compañías estaba condicionada a un cambio normativo que traspasaba las «líneas rojas» que estableció el Ejecutivo para tramitar una petición formal: garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y que la medida no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Para el Gobierno, dicha propuesta no deja de ser una «declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas.

Pero la cuestión fiscal continúa siendo uno de los nudos gordianos de las conversaciones entre el Ministerio y las eléctricas. Las titulares de las centrales quieren que la prórroga del parque nuclear implique una rebaja de impuestos. Según estas compañías citando a estudios independientes como los de PwC, el cierre nuclear podría elevar los precios del mercado eléctricoS entre 13 y 30 €/MWh, mientras que para que sea rentable la continuidad para los consumidores bastaría con una reducción de apenas 1,15 €/MWh en el precio del mercado mayorista para compensar la pérdida de ingresos fiscales derivados del impuesto al combustible nuclear gastado–.Sin embargo, desde el Ministerio de Aagesen no dan su brazo a torcer en insisten en que las futuras propuestas para estudiar una solicitud formal deben garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y que la medida no suponga un mayor coste para los ciudadanos.