El Gobierno evitará la pérdida de proyectos renovables con su decreto antiapagón

La principal novedad es la reforma legal urgente para evitar la cancelación de decenas de plantas solares y eólicas ya construidas o en construcción, cuyo plazo expira este miércoles 25 de junio establecido por el Real Decreto-ley 23/2020. Con esta medida que se aplica a los proyectos anteriores al año 2018, el Ministerio dará más tiempo para que los proyectos de renovables ya en construcción y que no dependen del promotor lleguen a buen término, ampliando el plazo para que no pierdan sus garantías y se queden sin conectarse finalmente a la red.

El Ejecutivo concederá subvenciones a la red de transportes para proyectos estratégico por valor de 931 millones euros procedentes de los fondos del plan de recuperación para proyectos estratégicos.

El real decreto también introduce tres líneas de actuación: refuerzo de la supervisión control, fomento de la electrificación e impulso al almacenamiento. La norma aprobada hoy potencia las funcionalidades de la CNMC, que tendrá seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados.

En doce meses habrá un plan de inspección y cada tres años se llevará a cabo una inspección de cada uno de estos elementos. También avanza nueva regulación sobre la velocidad a la que puede variar la tensión o la programación de restricciones técnicas, con un plazo de 12 meses, y otras actuaciones que tendrá que presentarse cada tres meses y que las autoridades tendrán que revisar en un plazo de medio año.

Igualmente se encarga al operador del sistema, Red Eléctrica, que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema. Estas propuestas técnicas deberán estar listas en plazos de tres a 15 meses y cuyas reformas deben estar aprobadas en menos de seis meses. Red Eléctrica también incorporará a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales –siempre respetando la confidencialidad de la información personal– para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad. Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.

Por otro lado, el Gobierno tiene previsto poder declarar proyectos de almacenamiento como de utilidad pública. Este plan se estima que puede suponer una inversión de alrededor de 600 millones y que permitirá unos ahorros de unos 200-300 millones de euros al año. Recientemente el Ejecutivo ya lanzó un paquete de 700 millones para subvencionar proyectos de almacenamiento. El real decreto introduce nuevas medidas para agilizar la tramitación y reducir los cuellos de botella. Respecto al almacenamiento, se primará la «hibridación» (que el almacenamiento se instale donde ya existen parques renovables). Y en cuanto a la flexiblilidad, se fomentarán medidas para que determinadas tecnologías puedan adaptarse a las demandas de energía.

Fuera del real decreto se ha quedado la creación de la Comisión Nacional de la Energía, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El real decreto pasa ahora a su tramitación parlamentaria y deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados.