El Gobierno consuma el 'vaciado' de Sareb y traspasa a la nueva empresa pública hasta 40.000 casas

El Gobierno ha consumado el ‘vaciado’ de todas las casas propiedad el ‘banco malo’ Sareb, que serán traspasadas a la nueva empresa pública de vivienda. Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha anunciado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que Sepes recibirá un total de 40.000 viviendas y 2.400 suelos residenciales con capacidad para construir otras 55.000, activos todos ellos valorados en 5.900 millones de euros. Adicionalmente, Vivienda y Agenda Urbana ha dotado a la entidad estatal de suelo con 593 millones para adecuar los inmuebles.

Este traspaso se produce después de que el pasado 20 de marzo el consejo de Sareb —a instancia de la junta de accionistas—, controlado por el Ministerio de Economía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), paralizase la venta de activos residenciales para negociar su traspaso a Sepes y así poder «colaborar en la generación del parque estatal de vivienda de alquiler social o asequible» público. El plazo para fijar el perímetro de la trasferencia culminó el pasado 30 de junio.

«Sepes ha evaluado todos los suelos e inmuebles que son propiedad de Sareb para poder determinar qué activos pueden estar antes a disposición de la ciudadanía por criterios económicos, técnicos y territoriales. Sepes podrá disponer de 40.000 viviendas que serán incorporadas el parque público, además de 2.400 suelos que permiten la construcción de otras 55.000 viviendas. El valor estimado de esta operación es de 5.900 millones de euros, aunque nos hemos reservado la potestad de ampliar este acuerdo siempre que existan motivos justificados», señaló Rodríguez. Entre estos activos están incluidos los 7.700 pisos que Sareb tiene en alquiler social con acompañamiento a familias en riesgo de exclusión.

La titular de Vivienda y Agenda Urbana explicó que para este traspaso de activos se han tenido en cuenta criterios geográficos, primando aquellos lugares donde más se precisa vivienda en alquiler a precios asequibles, principalmente poblaciones de más de 5.000 habitantes o en aquellas en las que se haya registrado un crecimiento del 5% en número de habitantes. Adicionalmente, Rodríguez ha priorizado los ayuntamientos y comunidades que han declarado zonas tensionadas porque entiende que «hay más demanda» y dispone de más «complicidad» con estas administraciones públicas. Por último, se han incluido en el perímetro inmuebles ubicados en municipios afectados por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana a finales del pasado año.

¿Cómo se va a articular la operación?

Rodríguez ha matizado que el traspaso de las viviendas a Sepes no tendrá un coste para las arcas públicas y no habrá un precio. «Es una trasmisión lucrativa, una donación en la práctica. Primero, pasarán a manos de Patrimonio del Estado para dar mayor seguridad jurídica y después a Sepes», añadió. Adicionalmente, la ministra de Vivienda ha cerrado la puerta a que los actuales proveedores de Sareb, Aliseda, Hipoges y Servihabitat, empresas controladas por los fondos Blackstone, KKR y LoneStar, sigan trabajando para Sepes. «Nosotros creemos en la buena gestión desde lo público y será Sepes la que gestione directamente el parque. Además, llegaremos a acuerdos con las empresas públicas autonómicas y municipales. Si finalmente hemos de contar con más agentes priorizaremos trabajar con empresas del tercer sector o de lucro limitado», matizó la titular de la cartera.

Más recursos para la nueva empresa pública de vivienda

La segunda medida en materia residencial anunciada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana es dotar a Sepes de más recursos económicos para desarrollar su actividad. En concreto, la nueva empresa pública de vivienda dispondrá de 593 millones de euros en recursos extra, capital que se destinará a adecuar las viviendas que reciba de Sareb y otras entidades dependientes de Patrimonio del Estado —que en muchas ocasiones no son habitables—, desarrollar y promover los suelos hasta ahora propiedad del ‘banco malo’ e, incluso, adquirir más inmuebles en el mercado, como ya realizó Sepes en Valencia en una convocatoria abierta para comprar viviendas destinadas a los afectados de la DANA.

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