El Gobierno busca un atajo para salvar medidas clave del ‘decreto antiapagones’ sin pasar por el Congreso
El Gobierno busca un atajo legislativo para salvar medidas clave del ‘decreto antiapagones’ y aprobarlas cuanto antes sin necesidad de que vuelvan a pasar por el Congreso. El ‘no’ de PP, Vox, Podemos y Junts tumbó la semana pasada el real decreto ley impulsado por el Ejecutivo con medidas urgentes tras el gran apagón y para reforzar el sistema eléctrico. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, está cribando las medidas incluidas en la norma que decayó para intentar sacarlas adelante sin el aval de la Cámara Baja.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo analiza de urgencia las medidas que son susceptibles de ser aprobadas directamente por el Consejo de Ministros mediante un real decreto y sin necesidad de ser ratificadas por el Congreso, como sí que es preceptivo si las iniciativas van incluidas en un real decreto ley, como el que decayó la semana pasada por falta de apoyo parlamentario.
«Lo que está haciendo el Gobierno de España es ver, de todas las medidas, cuáles son susceptibles de ser aprobadas no por un real decreto ley, sino por un real decreto que haga que nuestro sistema [eléctrico] sea más resiliente. Y en eso es en lo que está trabajando ahora mismo la vicepresidenta tercera del Gobierno», ha explicado Sánchez en su ya tradicional acto estival de balance curso político y de rendición de cuentas de la acción gubernamental.
Dos vías para recuperar las medidas
La respuesta en que trabaja el Gobierno es doble. Por un lado, salvar rápidamente con un real decreto algunas medidas que no necesitan ser aprobadas con una norma con rango de ley. Por otro, volver a llevar al Congreso de los Diputados «tan pronto como sea posible» el resto de medidas que iban en el texto fracasado y que sí que necesitarán la convalidación de las Cortes Generales.
«Frente al oportunismo irresponsable de algunos, la industria española debe saber que siempre va a contar con el compromiso del Gobierno de España y que, antes o después, por mucho ruido que haya, por muchas zancadillas que intenten poner, vamos a sacar adelante las medidas que son necesarias para hacer más resiliente al sistema eléctrico en nuestro país», ha sentenciado Sánchez, en referencia a la pinza de PP, Vox, Podemos y Junts para hacer descarrilar un real decreto ley que las compañías energéticas e industriales respaldaban con un consenso no muy habitual en ambos sectores.
Apoyo de todo el sector
Las presiones del sector energético y de la gran industria no consiguieron las resistencias del Partido Popular. Patronales eléctricas, del sector de las renovables y de los grandes grupos industriales han venido haciendo frente común para sacar adelante las medidas urgentes tras el gran apagón, que las compañías consideraban crucial. Pero la falta de apoyo parlamentario hizo saltar por los aires todas las medidas del real decreto ley.
El real decreto ley, además de reformas para reforzar la supervisión de todos los operadores del sistema eléctrico con el objetivo de evitar nuevos apagones, incluía multitud de medidas para evitar la caída masiva de proyectos renovables en riesgo, para facilitar la conexión rápida de proyectos industriales a la red, para facilitar que las renovables más antiguas no pierdan la retribución garantizada por el caos de precios en el mercado eléctrico, para impulsar la instalación de grandes baterías eléctricas, o rebajas especiales en la factura de la luz de los grupos industriales con un gran consumo eléctrico, entre otras iniciativas que habían conseguido concitar un poco habitual apoyo unánime de todo el sector energético e industrial.
Los movimientos hasta el último momento del sector energético para intentar salvar el real decreto ley se habían reflejado en la publicación de un informe elaborado por la consultora PWC y en el que se daba la voz de alarma de que estaban en juego inversiones por 200.000 millones de euros si el decreto no se convalidaba. “Se estima que con las medidas del RDL se podrían habilitar conexiones a las redes eléctricas por unos 40.000 megavatios (MW). Suponiendo conservadoramente que la mitad (20.000 MW) son válidas para industria, vivienda y centros de datos y estimando que la industria (fuente Banco de España) tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada megavatio de potencia eléctrica conectada, se concluye que la estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones”, apuntaban fuentes del sector apoyándose en los datos del informe. “Es decir, 200.000 millones de inversiones en juego en el sector eléctrico ante la posición del PP”, subrayaban.












