El Gobierno autoriza licitar un contrato para conservar 104 kilómetros de carreteras en Barcelona por 46,3 millones de euros
El Consejo de Ministros autorizará este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras en la demarcación de Barcelona por 46,3 millones de euros (IVA excluido). La duración del contrato será de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Este contrato se enmarca en el programa ministerial para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Incluye requisitos específicos para promover la eficiencia energética y reducir las emisiones. El contrato contempla actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones y mantenimiento de instalaciones.
Reparación de taludes
En concreto, afecta al sector n.º 02 de la provincia de Barcelona, que incluye 104,687 kilómetros de carreteras, de los cuales 72,378 kilómetros son autovía. Las vías incluidas son la autovía A-2, entre el kilómetro 530 (cerca de Igualada) y el 588 (en Martorell); la autovía B-40, entre los km 0 y 13, en Terrassa (Vallès Occidental) y la carretera N-2, en varios kilómetros en el entorno de Martorell (Baix Llobregat).
Además, el contrato contempla la reparación de taludes y adecuación de elementos de drenaje por problemas de desprendimientos, socavación y obturación en la vía de servicio de la autovía A-2 (entre los km 570,500 y 570,700) y en el enlace 572 (km 571,530).
Reducción de emisiones
Como parte de la estrategia del ministerio en materia medioambiental, los pliegos de licitación incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Las empresas deberán presentar en sus ofertas el cálculo de emisiones que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo. Desde 2022 ya se incorporaron medidas como autoconsumo energético, sistemas de calefacción con energías renovables, ahorro en iluminación o el uso de vehículos eléctricos en las operaciones de conservación.
Vehículos circulando en la autovía A-2. / Gemma Sánchez / Lourdes Casademont
Desde 2023, recuerdan desde Transportes, se exige como criterio de valoración el compromiso de presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el objetivo de alcanzar el balance neutro de carbono en un plazo de cinco años. Las empresas podrán compensar sus emisiones a través de proyectos inscritos en el registro de huella de carbono, compensación y absorción de CO₂ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, u otras fórmulas reconocidas.
Con estas medidas, se pretende contribuir a la reducción de 71.640 toneladas anuales de CO₂, derivadas del funcionamiento ordinario y el mantenimiento de la RCE. Todo ello refuerza la orientación del ministerio hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El contrato sigue el modelo de contrato mixto de servicios y obra, «que busca ofrecer un servicio integral de movilidad, mejorar el estado de las carreteras y optimizar los recursos públicos», según las mismas fuentes.
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