El Gobierno aprueba el anteproyecto para perdonar 83.000 millones de deuda autonómica, consciente de la dificultad de lograr el aval del Congreso

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley que tiene como objetivo regular la absorción, por parte del Estado, de algo más de 83.000 millones de deuda pública contraída por las comunidades autónomas. A partir de ahora, el ‘anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común’ -según fue bautizado por el Gobierno en la fase de consulta pública previa- tendrá que ser sometido a informe del Consejo de Estado (durante un plazo máximo de dos meses), antes de volver a ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros para su posterior remisión a Las Cortes.

El proyecto de ley orgánica tendrá que enfrentarse a una difícil tramitación que podrá dilatarse durante meses, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados (donde debería obtener la mayoría absoluta de cámara) y la mayoría absoluta que el PP -contrario al texto- ostenta en el Senado. El PP rechaza la propuesta de condonación de deuda, pues ve en ella una cesión del Gobierno a los independentistas catalanes de ERC, con quienes el Ejecutivo negoció en noviembre de 2023 una quita del 20% de la deuda viva de Catalunya como condición para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció entonces que el acuerdo se iba a hacer extensivo a todas las comunidades de régimen común, a través de una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). La metodología para ello es lo que se recoge en el anteproyecto de ley que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros.

El Gobierno justifica la decisión de asumir una parte de los pasivos de las comunidades en el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera de 2009 en adelante, tras los recortes adoptados, sobre todo, por los Gobiernos de Mariano Rajoy. El Ministerio de Hacienda ha analizado cuánto aumentó el endeudamiento autonómico durante la crisis financiera (entre diciembre de 2009 y diciembre de 2013) y lo ha comparado con el aumento producido a raíz de la pandemia y del impacto de la guerra en Ucrania (entre finales de 2019 y de 2023). Ha estimado que la diferencia entre uno y otro caso y, a partir de ahí, ha estimado en 83.252 millones de euros la cantidad que se dispone a condonar.

El grueso de la condonación de deuda prevista se reparte entre las diferentes autonomías en función de su población (en términos de población ajustada del modelo de financiación autonómica). Además, se ha incorporado un criterio adicional: que ninguna comunidad autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada (que se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023). También se añade un doble ajuste adicional, para compensar a las comunidades infrafinanciadas por el modelo actual y a las que subieron el IRPF para compensar los recortes del Estado.

Con la condonación que plantea Hacienda, un total de 83.252 millones de euros de deuda de las autonomías pasará al Estado. Eso debería aligerar el balance de las comunidades y situarles en mejor posición de las autonomías para financiarse por sí mismas en los mercados financieros, sin verse obligadas a acudir al Fondo de Liquidez Financiera (FLA) del Estado. De hecho el Gobierno plantea que el principal objetivo de la ley es «promover la vuelta de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados». Además, según los cálculos del Ministerio las autonomías podrían ahorrarse entre 6.500 y 7.000 millones de euros en pago de intereses tras la absorción de esta deuda por parte del Estado. No obstante, la propia Hacienda ha advertido a las autonomías de que no podrán gastar lo que se ahorren en pago de intereses, sino que tendrán que destinarlo a reducir su volumen de deuda.

La metodología propuesta por Hacienda ha sido diseñada de manera que el título de ‘comunidad más beneficiada’ se puede repartir entre más de una de ellas. Todo depende del punto de vista que se elija, aunque, se mire como se mire, Andalucía es la única comunidad que siempre figura ‘on the top’, en la cima de las clasificaciones. La quita que propone Hacienda va desde la mitad de la deuda acumulada a cierre de 2023 en Canarias (50%) o Andalucía (48,6%), al entorno del 20% en los casos de Catalunya (19,9%), Comunitat Valenciana (19,33%) y Baleares (20,29%). En términos absolutos, Andalucía es la comunidad a quien se le puede perdonar una mayor cantidad de deuda autonómica (18.791 millones). La Comunitat Valenciana es la que marca la cuantía máxima en condonación de deuda por habitante (2.284,58 euros). Andalucía, Catalunya, Castilla-La Mancha y Murcia alcanzan la misma cuantía máxima por habitante que Valencia.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el 26 de febrero de 2025. / A. Pérez Meca – Europa Press

Las comunidades donde gobierna el Partido Popular han expresado su rechazo a la propuesta de condonación de deuda que ha lanzado el Ministerio de Hacienda. Lo rechazan por razones políticas, pues ven en ello una iniciativa diseñada a la medida de los independentistas de Catalunya. En particular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, critica que la condonación de deuda beneficia a las comunidades que han gestionado peor sus cuentas y ha rechazado acogerse a la medida. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que ninguna comunidad acabará diciendo ‘no’ cuando llegue el momento en el que cada una de ellas, de manera voluntaria, deberá decidir si se acoge o no a la quita de una parte de su deuda.

Tras la aprobación del anteproyecto de ley de reforma de la Lofca este martes, en el Consejo de Ministros, el texto debe ser sometido a informe del Consejo de Estado, que dispone de un plazo de hasta dos meses para cumplir su cometido. Con el informe del Consejo de Estado, el texto debe volver al Consejo de Ministros para ser aprobado en segunda vuelta, ya como proyecto de ley, para su remisión a Las Cortes. Al tratarse de una ley orgánica, no bastará con que el Congreso apruebe el texto con más ‘síes’ que ‘noes’. El texto deberá ser validado por el Congreso por mayoría absoluta (al menos, la mitad más uno de los votos). Superado este trámite, el proyecto de ley se enfrentaría, con total seguridad, al veto del Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. Este veto del Senado podría ser levantado cuando el texto retorne al Congreso. Superada esta tramitación, el Ministerio de Hacienda tendría que convocar una ronda de comisiones mixtas, en las que cada comunidad autónoma, de forma voluntaria, debería decir si se acoge o no a la quita de deuda que le corresponde según los términos del texto legal. Al Gobierno le gustaría poder completar todos estos pasos a la velocidad suficiente para ver implementada esta reforma a final de año. Todo dependerá de la capacidad del Ejecutivo para lograr los apoyos parlamentarios necesarios.

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