El Gobierno agita el calendario de BBVA al apurar plazos para imponer condiciones a la opa

Ante las críticas por una fórmula que no se ha utilizado nunca en operaciones de este tipo –y que ha sido muy cuestionada por permitir, entre otras cosas, participar varias veces con el mismo DNI– el ministro Carlos Cuerpo se comprometió ayer a publicar «en su momento» un informe sobre el propio formulario. «Se trata de un mecanismo adicional de información que nos ayuda a tomar la decisión con todas las garantías», defendió, evitando ofrecer detalles de las respuestas recibidas en estas semanas.

Fuentes cercanas al proceso apuntan desde hace días a que la propia consulta pública ya fue de por sí un «indicador de las intenciones» del Gobierno de establecer nuevos requisitos a la opa en base al «interés general». «La decisión se hará en línea y de forma respetuosa con los plazos y procedimientos tanto de la normativa doméstica y europea», insistió ayer Cuerpo.

Si finalmente se decide elevar la opa al Consejo de Ministros, habrá otro mes que el Ejecutivo apurará al máximo para pronunciarse. Es decir, su resolución no se conocerá hasta finales de junio. Esa fecha resulta clave para los directivos de BBVA, cuyo objetivo es evitar que el final del periodo de aceptación de la opa -cuando los accionistas de Banco Sabadell deben tomar su decisión- caiga en agosto, un mes que quieren evitar a toda costa por el impacto que en la votación tendría el parón estival.

Cabe recordar que, en ese periodo de aceptación, si un accionista no vota se considera que lo hace contrario a la oferta. Así que al banco vasco le conviene que el proceso no pille a los minoritarios -claves en la votación- en ‘modo vacaciones’.

El calendario es muy ajustado, pero incluso con los plazos máximos, BBVA podría conseguir su objetivo, aunque a costa de dar menos tiempor a los accionistas del Sabadell para pensar su decisión. La entidad vasca tendría que incluir en el folleto de la opa todos los números con las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno «e incluso una estimación de cómo quedarían las sinergias con una opa sin fusión» si el Ejecutivo se adelanta y decide confirmar que, aunque la oferta salga adelante -algo que no puede prohibir-, posteriormente vetará la unión de ambas entidades.

La aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -con la inmediata apertura del periodo de aceptación- llegaría, así, unas semanas después del 27 de junio. Y ahí se abren dos opciones para evitar que el proceso se desarrolle en agosto: por un lado, echar mano del periodo mínimo de 15 días que establece la normativa de opas, para conseguir que el periodo de aceptación se lleve a cabo de forma exprés y se pueda cerrar a finales de julio.

En caso de que el proceso se alargue -porque se produzcan posibles negociaciones con el Gobierno para los requisitos o porque la aprobación del folleto se retrase- la entidad vasca también puede decantarse por ampliar el periodo de aceptación al máximo legal establecido en 70 días. Así conseguiría llevar a septiembre el tramo final del proceso que, por lo general y en cualquier operación corporativa de este tipo, es cuando la mayoría de accionistas acuden a votar, ante la expectativa de que la empresa compradora eleve su oferta inicial.

Es cierto que BBVA ha descartado siempre esa posibilidad. Y algunos analistas argumentan que la cotización del banco podría verse resentida si así lo hace, empeorando el valor de la ecuación de canje. Sin embargo, muchos otros dan por sentado que, sin esa mejora de última hora, la operación corre un alto riesgo de fracasar, justificando además que el banco tiene amplia capacidad para hacerlo por sus elevados niveles de capital.