El delincuente asume un riesgo enorme de ser detectado en una notaría
Hace unos meses que José Alberto Marín Sánchez (La Rioja, 1959) inició su segundo mandato como decano del Colegio Notarial de Catalunya. Antes de estrenarse en el cargo fue vicedecano de 2009 a 2020, por lo que lleva más de 15 años compaginando la actividad colegial con su notaría en Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es notario desde 1986. Antes de ejercer en Barcelona lo hizo en localidades como Monforte de Lemos (Galicia), Les Borges Blanques, Sant Feliu de Llobregat y Reus.
Tras su primer mandato, ¿cómo afronta esta segunda etapa?
Creo que va a ser muy atractiva para los ciudadanos. Uno de los retos pasa por los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) que se implantan con la nueva Ley de Eficiencia. Los notarios podemos jugar un papel muy importante en ella y por eso vamos a empujar para que no haya juicios, para que con los acuerdos previos las partes queden más satisfechas que si llegan al final de un pleito. También debemos consolidar la modernización del notariado, probablemente tenemos la profesión jurídica más moderna que hay en España y seguramente también en Europa y el resto del mundo. Tenemos una tecnología punta al servicio del ciudadano, con seguridad jurídica y sin que suponga una brecha digital.
Ustedes ya ejercían esta mediación. ¿Qué cambia con la ley?
Da carta de naturaleza oficial a algo que ya hacíamos de forma oficiosa. Hay distintas fases. Para ser mediador, la normativa exigía unos cursos y la inscripción en el registro de mediadores. Podía ser cualquier profesional jurídico o no jurídico. La ley de jurisdicción voluntaria en 2015 regula la conciliación notarial y ahí ya le da carta de naturaleza propia. Ahora, la ley de Eficiencia regula los MASC y a los notarios nos incluye también entre los que pueden desarrollar estos medios como posibles soluciones previas a los conflictos.
La mediación será obligatoria para determinados procedimientos civiles y mercantiles. ¿Puede suponer una ralentización de la justicia? ¿O, al contrario, puede hacer que se descolapse?
Dependerá mucho de los abogados, de los jueces y de otros actores de la administración de Justicia. Si se considera que es un mero requisito de procedibilidad, es un obstáculo e implicará retrasos. Si se entiende que es un medio de solución de conflictos, ayudará a abreviar las resoluciones. Si yo voy a una mediación pensando que no sirve para nada y lo único que quiero es tener el certificado para poder ir al juicio, es evidente que no funcionará. Pero si voy a una mediación o a una conciliación pensando que puedo solucionar el problema y pongo todo por mi parte para intentar llegar a un acuerdo, entonces nos ahorraremos muchísimos pleitos, tiempo, dinero y disgustos para los ciudadanos.
La ley de Eficiencia penalizará a quienes obstruyan la mediación
Pero quien quiere ir a juicio ya piensa en acabar ante un juzgado…
Al final, ante el colapso de la justicia, el legislador debe buscar soluciones. Por eso también dependerá de los jueces. Ahora, en un primer momento, hay quejas de lo estrictos que son en la aplicación de la ley. Pero todo se irá laminando. Es un tema cultural. En los países sajones, este tipo de procedimientos, de mediación y conciliación, funcionan muy bien y se llegan a muchísimos acuerdos porque las consecuencias de no ser leal y acudir con buena fe a los MASC son contundentes y graves. La nueva ley de Eficiencia también tiene en cuenta la actitud de cada parte en la mediación o conciliación para imponer las costas del procedimiento: penalizará a quienes han sido obstruccionistas.
O sea, que hay que fomentar la cultura del acuerdo.
Hay que creer en los MASC e intentar llegar a un acuerdo porque una sentencia no va a satisfacer a ninguna de las dos partes. Siempre va a quedar uno descontento. En cambio, un acuerdo que llegue a las partes va a ser mucho más satisfactorio. Ya no solo el tema económico, sino también el tema emocional.
¿El notario es un termómetro de la sociedad?
El notario tiene toda la información de lo que pasa en la sociedad. Por la notaría pasa prácticamente todos los actos económicos e íntimos de las personas. Además, el notario debe guardar secreto. Ahora estamos en la etapa de los datos y nosotros los tenemos de cualquier operación económica. Tenemos la posibilidad de ofrecer estadísticas, estudios, análisis y prospecciones que no tiene nadie, porque somos los primeros que recibimos la información.
Decano Colegio Notarial de Catalunya José Alberto Marín / Mar Armenteros
Hablando de matrimonios, el año pasado se celebraron 3.532 nuevas bodas en las notarías en Catalunya, un incremento del 4%. ¿Es por la celeridad con la que se tramita el expediente?
Sí, y también por la amabilidad del entorno y la adaptabilidad de los notarios. Los matrimonios tienen dos partes. Una es constatar que se cumplen los requisitos. Ahí no se puede elegir notario, ya que lo designa el colegio. Pero la celebración de esos 3.500 matrimonios sí la hacemos en las notarías y somos conscientes de que es uno de los momentos más felices en la vida de las personas que vienen a la notaría. Intentamos hacerlo lo más agradable posible, adaptándonos a sus gustos. Además, como valor añadido, informamos de las consecuencias jurídicas que tiene el matrimonio con carácter previo. Lógicamente, en la celebración celebramos, pero antes asesoramos e informamos con tranquilidad. Un matrimonio implica unas consecuencias jurídicas muy importantes que deben conocerse.
Si vemos que una pareja de hecho es fraudulenta no autorizamos la escritura
Las parejas de hecho ante notarios están bajo sospecha…
No todas las parejas de hecho son fraudulentas. La mayoría no lo son, pero algunas de ellas, que según la policía no son pocas, se celebran con la intención de obtener residencia por parte de uno de los dos integrantes de la pareja. Ante la alarma de la policía y partiendo del hecho de que en Catalunya, por un principio de libertad civil, casi no existe ningún requisito para formalizar una pareja, los notarios estamos desarmados. Si vemos claramente que es fraudulenta, no autorizamos la escritura, pero para eso deberíamos tener alguna herramienta que lo permitiera. Lo más adecuado es exigir un mínimo de convivencia, como ocurre en casi todas las comunidades autónomas. No es tan fácil venir a la notaría, celebrar la pareja de hecho, obtener la residencia y, si te he visto, no me acuerdo.
Tenemos una base de datos de 60 millones de personas que nos permite examinar cualquier transacción económica
¿Se han iniciado contactos con el Departament de Justícia para introducir cambios?
Justícia es muy receptiva a cualquier sugerencia que hagamos desde el notariado y desde que surgió este problema se han iniciado trabajos para estudiar la forma más adecuada para poder mantener el derecho de cualquier ciudadano a hacerse pareja de hecho y, al mismo tiempo, exigir unos mínimos rígidos para que no se convierta en un auténtico coladero. Nuestra apuesta es exigir un mínimo de tiempo para que puedan venir a la notaría a celebrarlo, uno o dos años de convivencia acreditada. Nadie que persiga este fin va a esperar ese tiempo.
Ustedes también actúan ante el blanqueo de capitales cuando existen sospechas.
El notario español tiene uno de los sistemas más efectivos y estrictos del mundo en prevención de blanqueo de capitales y de lucha contra el terrorismo y el fraude fiscal, reconocido por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Cada empleado tiene formación permanente y constante en el conocimiento de los indicadores de riesgo. Si se detecta, el notario lo comunica a las autoridades sin decírselo a los otorgantes. En la Oficina de Control y Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo del Notariado se investiga y se conectan varias operaciones porque quien quiere realizar este tipo de actuaciones fraudulentas no va a la misma notaría para cada una de ellas. Tenemos una base de datos de 60 millones de personas que nos permite examinar cualquier transacción económica.
También les permite colaborar con las autoridades.
Facilitamos los datos que nos piden desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el Banco de España o las fuerzas policiales, juzgados o fiscalía en sus investigaciones. Se les facilitan unos mapas perfectos de la situación de las sociedades o de las operaciones que nos reclaman. Las personas honradas pueden ir muy tranquilas a las notarías, pero los delincuentes asumen un riesgo enorme de ser detectados.
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