El Consejo de Ministros aprueba la mayor Oferta Pública de Empleo: más de 40.000 plazas nuevas | Economía

El Consejo de Ministros aprueba la mayor Oferta Pública de Empleo: más de 40.000 plazas nuevas | Economía


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El Consejo de Ministros aprobará este martes la mayor Oferta Pública de Empleo (OPE) de la historia, con la que el Ejecutivo reforzará la plantilla de empleados públicos con 40.121 nuevas plazas, una convocatoria récord según los planes que preparaba el Ejecutivo la semana pasada. Con esta nueva llamada se busca corregir el déficit de efectivos que arrastra la plantilla pública desde hace años, y que reúne actualmente a cerca de tres millones de personas. Al tiempo que esta nueva OPE, el Consejo también rubricará el aumento salarial del 2% para los funcionarios, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, como así se comprometió a llevar a cabo en el Acuerdo Marco que firmó con los sindicatos mayoritarios. Esta alza llega, sin embargo, con seis meses de retraso.

A pesar de que hasta la aprobación formal de esta oferta pública no se conocerán al detalle los destinos de las nuevas plazas vacantes, de acuerdo con los datos facilitados por el sindicato UGT, el grueso de las más de 40.000 irán destinadas a reforzar la Administración del Estado: cerca de 21.000 serán de turno libre, es decir, aquellas a las que puede acceder cualquiera. Junto a ellas se establecen otras 10.600 plazas de promoción interna. Este paquete se completa con la suma de la oferta de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 en promoción interna).

Varios organismos que verán reforzará su plantilla serán el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), encargado de tramitar las prestaciones por desempleo, entre otras tareas; la Seguridad Social o la oficina de la Dirección General de Tráfico. “Más de 4.000 del turno libre irán a este tipo de servicios”, detallan fuentes de UGT. Todos los detalles trascenderán una vez esta sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar del refuerzo, las sucesivas ofertas públicas de empleo —la del año pasado fue de 39.574 plazas y la de 2022, de 34.151— apenas han incrementado la plantilla total de trabajadores públicos en 16.000 personas en el último año. Esto se produce por varios motivos: el primero, que a pesar de la grandilocuencia de los números, las bajas acumuladas durante años son superiores; y por otro, está la dificultad para consolidar la plaza. Es decir, para ocuparla una vez superado el proceso de admisión. Un letargo que, en ocasiones, lleva a que muchas de ellas caduquen y no puedan volver a convocarse

La subida salarial, por otro lado, sí que tendrá efectos inmediatos, y podrá sentirse ya en la próxima nómina. Así lo reconoció este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Para el ministro, que este aumento se haya dilatado tanto —la ausencia de Presupuestos Generales impidió que se incorporase en ella la nueva partida—, no es, sin embargo, un inconveniente para que esta pueda llevarse a cabo. “Nunca ha habido problemas con esto. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórrogas de los presupuestos. No creo que sea un elemento de preocupación porque existe margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones”, ha aseverado Escrivá.

Variables

El Gobierno se comprometió con las organizaciones sindicales de UGT y CC OO, no así CSIF, en octubre de 2022 a establecer una hoja de ruta de subidas salariales para la plantilla pública para el trienio 2022-2024. Este pacto contemplaba una subida adicional del 1,5% para 2022 (que se suma al 2% que ya se aplicó a comienzos de año); del 2,5% para 2023 (que se incrementó en un 0,5% adicional posteriormente); y del 2% para 2024 (con posibilidad de elevarse un 0,5% de acuerdo con la inflación).

A pesar de la firma de este aumento, CSIF mantiene la convocatoria de concentración prevista para el este jueves frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un nuevo acuerdo salarial, puesto que, en su opinión, desde la firma del acuerdo con las otras organizaciones, “los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1%”.

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