El Consejo de Cuentas constata una «infrafinanciación» de 395 millones anuales en Castilla y León



El Consejo de Cuentas ha constatado una «infrafinanciación» media de 395 millones de euros anuales en Castilla y León. En concreto la institución ha destacado que en el periodo 2009-2021 el déficit acumulado de financiación asciende a un total de 5.137 millones de euros, por lo que ha recomendado promover una revisión del sistema que aproxime los recursos recibidos a las necesidades de gastos reales.

El Consejo de Cuentas, presidido por Mario Amilivia, ha entregado en las Cortes de Castilla y León el informe ‘Análisis de la gestión del programa presupuestario Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021’, donde se desvela que la deuda de la Comunidad aumentó de 1.451 millones en 2004 a 13.215 millones en 2021, experimentando su crecimiento más significativo a partir de 2009, lo que supone un peso relativo del cuatro por ciento desde 2010.

En concreto, el informe desvela que el peso relativo de Castilla y León en el modelo de financiación en 2002 era del 7,43 por ciento, mientras que en 2021 ha descendido hasta el 6,45 por ciento. Estos datos desvelan que Castilla y León es la cuarta comunidad con una variación más negativa, solamente superada por Andalucía, Galicia y Extremadura.

Si se comparan los datos de 2021 con los de 2010, año en que se incorporaron los últimos recursos adicionales del nuevo modelo de financiación, Castilla y León experimenta la mayor variación negativa de todas las comunidades, al pasar su peso relativo del 7,04 por ciento al 6,45 por ciento. «Esta variación negativa de 0,59 puntos implica una pérdida estimada de 649 millones», han trasladado desde el Consejo de Cuentas.

El gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021. Así es la cuarta con mayor aumento con respecto a 2009, un 28 por ciento. La financiación líquida procedente de la Administración del Estado recibida por la Comunidad (entendida como la suma de las entregas a cuenta más las liquidaciones definitivas, menos los reintegros de liquidaciones negativas) ascendió en 2009 a 6.629 millones, incrementándose hasta los 6.746 millones en 2021, un 2 por ciento. Por su parte, el gasto social pasa de 6.444 millones en 2009 a 7.672 millones en 2021, un 19 por ciento más.

Según los datos, el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende en Castilla y León a 6.722 millones.

Descontado los recursos extraordinarios percibidos en 2020 y 2021 con motivo de la pandemia (843 y 741 millones, respectivamente), el déficit asciende a 5.137 millones. En promedio supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6 por ciento de promedio de gasto social no cubierto.

La población ajustada como variable que mide la necesidad de gasto de los distintos servicios fundamentales, y que es determinante para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, ha ido disminuyendo su peso relativo ponderado si se compara con el que tenía en 2010, año en que se incorporaron los últimos recursos adicionales del sistema de financiación autonómica.

Así, el porcentaje correspondiente a Castilla y León ha pasado del 6,23 por ciento al 5,84 por ciento en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales de 2021 estimado en 387 millones.

El cálculo de la población ajustada otorga un peso residual a los factores no poblacionales, concretamente un 3 por ciento, con incidencia en el coste diferencial de prestación de los servicios.

«Teniendo en cuenta que el modelo actual reparte los recursos atendiendo mayoritariamente a la población, es evidente que se produce una infrafinanciación de las comunidades que tienen menos población y que se encuentran más afectadas por el impacto de las variables no poblacionales (superficie, dispersión e insularidad) sobre el coste de prestación de los servicios», han reseñado desde el Consejo de Cuentas.

Aproximar recursos y necesidades

Así, la institución propia presidida por Mario Amiliva recomienda que se promueva una revisión del sistema de financiación autonómica que tenga por finalidad «aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales determinadas mediante un estudio del coste real de un catálogo de servicios común y consensuado por todas las comunidades autónomas».

Para ello, y mientras no se aborde una reforma integral del sistema de financiación, para el organismo de cuentas «se debe avanzar en la construcción de una variable de población ajustada a los costes efectivos de los servicios prestados por las comunidades, con una adecuada ponderación de las variables determinantes del gasto por bloques competenciales, especialmente las no poblacionales tal y como señala el Estatuto de Autonomía, e indicadores apropiados para calcularlos, en base a la demanda de servicios, la intensidad de uso, pudiendo ajustar la misma por medio de variables correctivas que puedan incidir significativamente sobre los costes medios por usuario de los servicios relevantes en los distintos territorios».

Por otra parte, se recomienda a la Junta que impulse las medidas necesarias para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública revise las condiciones para combinar la financiación de los mecanismos del fondo de financiación de las comunidades autónomas con la financiación en el mercado, adaptándolas a la situación presente, dado que se fijaron en un contexto diferente al actual.

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