El colapso en la gestión de las bajas dispara las pensiones de invalidez

En el último año, hasta el mes de agosto, el crecimiento de estas prestaciones acumula un alza superior al 6%. Y el coste para las arcas públicas supera ampliamente ya los 1.000 millones de euros al mes, constriñendo las ya de por sí encorsetadas cuentas del organismo público.

Lo que se había convertido ya en un problema relevante, por el alza de bajas laborales y sobre todo por el enquistamiento de las que se extendían más a medida que pasaban los meses, ahora tiene un impacto indirecto en el sistema de pensiones. Porque la pensión de invalidez no para de acumular nuevos beneficiarios, en buena medida por el colapso en la gestión de la incapacidad temporal.

La evolución de ambas realidades ha ido en paralelo en los últimos años. Desde el peor momento de la pandemia, en 2020, el número de bajas por incapacidad temporal ha aumentado un 52%, según la patronal AMAT. Las de más de 545 días se han incrementado un 60% en los cinco últimos años. Y, en términos generales, las de más larga duración, se han duplicado.

El problema del sobredimensionamiento de las bajas se explica por varios factores que han confluido a la vez: el envejecimiento de la población activa; una mayor incidencia de patologías traumatológicas y de carácter psicológico; unos servicios sanitarios de atención primaria que no pueden atender todos los casos que les llegan; y la estructura de Inspección de la Seguridad Social, cuyos mandos medios han realizado varias huelgas antes del verano para protestar por su situación laboral que les impide tratar adecuadamente todos los casos que atienden.

En el caso de los pacientes que llevan dos años esperando, se produce ese salto a la pensión de invalidez. Y como cada vez hay más perfiles en esa situación, la Seguridad Social asume cada vez más prestaciones de este tipo. En concreto, al cumplirse esos dos años de baja sin resolver, se inicia de oficio un expediente de incapacidad permanente; los inspectores emiten el informe médico correspondiente; se valora el caso por parte del equipo de valoración de incapacidades (EVI), donde se determina el grado de incapacidad para su resolución.

No todos esos casos acaban siendo reconocidos con una pensión indefinida, sino que se accede a una prestación revisable. Es decir, transcurrido el tiempo que marca la ley, se vuelve a valorar ese caso. El problema es que ahora mismo apenas un 20% de esas pensiones de invalidez son revisables, apuntan fuentes internas del Ministerio dirigido por Elma Sáiz. El otro 80% pasan a ser pensiones inamovibles.

Un cambio estadístico

Desde la Seguridad Social explican que este incremento de la incapacidad permanente «se debe, en parte, a un cambio de criterio» porque desde abril de 2024 el paso de pensionista de incapacidad permanente a jubilado ya no se realiza a los 65 años, sino a los 66 años y medio, por lo que el número de beneficiarios habría crecido.

La realidad de las cuentas de la Seguridad Social es que están cada vez más tensionadas por esta realidad de las bajas y la invalidez. Cada mes destinan más de 1.000 millones de euros al pago de estas pensiones. Es prácticamente un 10% de los 13.600 millones que abona en todas las pensiones.

Si la tendencia continúa a lo largo del año, el coste total de este contexto puede alcanzar los 45.000 millones de euros: más de 15.000 millones que se pagan por las bajas laborales por parte de la Seguridad Social, más otros 15.000 millones que asumen las mutuas colaboradoras; y los 13.000 millones que pueden derivarse a invalidez, aunque con disparidad de casos.