el cobre desata el caos político y económico

Panamá lleva paralizada casi tres semanas por una mina de cobre en el país, que es también una de las mayores de Latinomérica. Los ciudadanos encadenan protestas desde el 20 de octubre contra la extensión de la actual concesión porque consideran que daña sus recursos naturales. El caos es tal que, en estas semanas, se han modificado las leyes, se ha convocado y desconvocado un referéndum para que losviapanameños decidieran sobre el futuro del yacimiento y miles de turistas han cancelado sus viajes a la nación centroamericana. El desastre político y económico es total.

La crisis panameña estalló cuando la Asamblea Nacional aprobó extender durante 20 años la concesión de la canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina, que opera en el país bajo la filial Minera Panamá. La reacción de los ciudadanos fue inmediata y las manifestaciones en contra de la decisión no han dejado de sucederse desde el 20 de octubre, paralizando el país. La población se opone porque considera que el yacimiento es perjudicial para el medio ambiente y para la economía. Las protestas han llegado, incluso, a España, con convocatorias frente a la Embajada en Madrid.

La oposición ha sido tal que el gobierno del país ha tenido que rectificar y sancionar la ley que aprobó la Asamblea Nacional. El presidente del país, Laurentino Cortizo, ha terminado dando un giro completo a su política y, la semana pasada, directamente, prohibió «la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional», como difundía en sus redes sociales.

Se trata de una moratoria que impide que se den más concesiones hasta que se resuelva el futuro de la minería en el país. El asunto está en manos de la Corte Suprema, que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de las últimas leyes tramitadas al respecto. La norma también incluye un punto que pide finalizar la concesión a First Quantum Minerals.

Cuando la mina empezó a operar, en 2019, esta fue la mayor inversión privada de la historia del país. Solo su construcción ascendió a los 6.300 millones de dólares. Es uno de los yacimientos más grandes de Latinoamérica y, actualmente, supone el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de Panamá.

Desde sus incios, ha habido incertidumbre sobre la seguridad jurídica del proyecto, que se arrastra hasta día de hoy, con una crisis política y económica. Solo las pérdidas del turismo rondan los 200 millones de dólares, ya que 68.000 visitantes han cancelado sus viajes hasta enero, según los cálculos que hacía la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) la semana pasada.

«El cierre de las calles produce graves malestares que afectan a la vida cotidiana de las personas, destruye la economía, liquida a las pequeñas, medianas y micro empresas y ponen en peligro a miles de empleos», advierte otro comunicado del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Piden que se garantice la seguridad y que se abran las calles porque las pérdidas diarias son millonarias.

El asunto está teniendo una gran envergadura y el presidente del país llegó a anunciar un referéndum para que los ciudadanos votaran a favor o en contra de la mina. Este quedó en el aire posteriormente.

La planta de cobre sigue operando, aunque con ciertas dificultades debido a las protestas que hay en todo el país, informa la empresa canadiense. Desde que se desató la crisis, las acciones de la firma se han desplomado más de un 40% en la Bolsa de Toronto. La mina es uno de sus grandes activos y tiene un peso relevante en la economía del país. Da trabajo, directo o indirecto, a 1 de cada 50 panameños y con el cobre del yacimiento se pueden fabricar 6 millones de vehículos eléctricos al año, según sus propios datos. También extrae oro y plata.

First Quantum Mineral produjo cerca de 350.500 toneladas de cobre en el ejercicio 2022 y prácticamente la mitad salieron de la citada mina. Al año, los yacimientos de cobre dan lugar a una producción mundial de 22 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La calificiacón crediticia de Panamá está en el último escalón del grado de inversión tras la rebaja de Moody’s de finales de octubre. De producirse otro recorte, su deuda entraría en el terreno de bono basura (de Baa3 a Ba1). La agencia cita entre las razones de la decisión motivos fiscales, pero también advierte sobre las protestas que están paralizando el país.