El BBVA estudia si mantiene o retira la opa al Sabadell ante las condiciones impuestas por el Gobierno

El BBVA sigue sin desvelar qué hará con su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell después de que el Gobierno la haya condicionado a que las dos entidades permanezcan separadas funcionalmente durante tres años, ampliable en otros dos, aunque se produzca la adquisición. El responsable del negocio del banco en España, Peio Belausteguigoitia, ha confirmado este miércoles que todas las posibilidades siguen abiertas: mantener la oferta, retirarla, y llevar la decisión del Ejecutivo a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. La decisión se desvelará «en las próximas fechas», ha añadido el banquero: «No puedo concretar más, pero no tenemos ningún afán en que se vaya a retrasar este proceso».

El ejecutivo ha pedido paciencia. «No han pasado ni 24 horas. Estamos en el análisis y la evaluación de las distintas alternativas», ha justificado durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodista de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Belausteguigoitia, así, ha recordado que los administradores y los gestores de la entidad tienen el «deber de estudiar todas las alternativas y posibilidades dentro de su análisis» porque tienen el» deber fiduciario» de proteger los intereses de sus accionistas.

Acudir a la justicia, así, no está descartado. Belausteguigoitia, en ese sentido, ha insistido en la interpretación del banco de que la ley de defensa de la competencia de 2007 solo habilitaba al Gobierno al confirmar o suavizar los compromisos que su entidad pactó con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que le aprobase la operación. No a endurecerlos, como ha hecho el Ejecutivo. Si el BBVA decide acudir al Supremo y logra que los jueces suspendan cautelarmente la condición del Consejo de Ministros, la opa seguiría adelante con los compromisos que pactó con la CNMC.

Si ese es el caso, fuentes jurídicas sostienen que lo más probable es que el tribunal acabase fallando a favor del BBVA. Pero en caso de que no fuera así, explican, la compra del Sabadell se tendría que revertir. Con todo, el ejecutivo ha parecido enfriar la posibilidad de ir a un choque legal, aunque también puede entenderse como una forma de mostrarse diplomático con el Ejecutivo en esta fase: «Tenemos una interpretación y respetamos que pueda haber otras».

Además, el banquero ha defendido que la operación sigue teniendo sentido, con un argumento similar al que defendía el banco antes de la decisión del Gobierno: «El racional de la operación es impecable. Es un racional de crecimiento. La operación es buena para España, Catalunya y los clientes«. En la misma línea, ha sostenido que «es importante pensar que este tipo de operaciones van a ocurrir en los próximos años en el sector financiero y otros sectores, y es importante que desde España lideremos operaciones que son importantes para Europa». De ello se podría deducir que se inclina por seguir adelante, aunque dependerá de los números que haga para evaluar si la transacción sigue teniendo sentido económico y de las posibilidad que compruebe que tenga de convener de ello a los grandes accionistas institucionales de ambos bancos.

Sinergias en juego

El Gobierno condicionó este martes la opa a que los dos bancos mantengan «personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía en la gestión» durante tres años, ampliables en otros dos. Ello implica, por ejemplo, que deberá haber un «mantenimiento de la plantilla en razón de esta operación y una situación similar con respecto a la red de oficinas». Y también que el BBVA no podría pedir al Ejecutivo que le deje fusionarse con la que sería su filial hasta después de esos tres o cinco años.

La decisión perjudica los planes del BBVA. El banco siempre ha defendido que podría hacer la opa y demorar la petición de fusión (fiscalmente le podría interesar, incluso, por el impuesto a la banca). También ha asegurado que, incluso en ese caso, podría obtener la mayoría de los 850 millones de euros en sinergias de costes con que justificó el sentido económico de la operación.

Sin embargo, la decisión del Gobierno va más allá de impedir simplemente la fusión, ya que implica que los dos bancos deberían seguir básicamente con la misma estructura que tienen actualmente en multitud de ámbitos, aunque uno fuera dueño del otro. Entre sus planes, estaba cerrar 300 oficinas y realizar un ajuste de plantilla (ERE). Está por ver, por tanto, si el BBVA seguirá adelante con la opa o desistirá, como le permite la legislación tras el dictamen del Ejecutivo.

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