Economía lanza la consulta pública para la opa de BBVA a Sabadell hasta el 16 de mayo

El formulario, al que se podrá responder en un plazo de siete días hábiles -que finaliza el 16 de mayo-, está formado por 10 puntos en los que, además de los datos personales de los participantes (nombre y apellidos, nombre de la organización, DNI o CIF y un contacto de correo electrónico), detalla estas otras 6 cuestiones:

-¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?

-¿Cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?

-En caso de haber indicado Otros (opción g.) en la pregunta anterior, indique qué otro u otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell.

-¿En qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado.

-¿Considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?

-¿Qué propuestas considera que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?

Algunas de las preguntas del formulario permiten un mayor desarrollo de has 2.000 caracteres, aunque desde el Ministerio recuerdan que las mismas vienen acompañadas de un buzón para aportar información adicional.

«Esta iniciativa está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso», apuntan desde la cartera de Carlos Cuerpo. El ministro apuntó este martes a que el proceso es «muy respetuoso» con las comptetencias de todas instituciones involucradas en los distintos pasos del procedimiento«.

Cuerpo explicó que, a partir del día 16 de mayo, el Ejecutivo tendrá otros 7 días hábiles para tomar la decisión «teniendo toda la información disponible». Es decir, el 27 de mayo sería la fecha tope para decidir si eleva o no la cuestión al Consejo de Ministros.

«No se trata de una consulta de opa sí, opa no, sino que estamos pidiendo a los ciudadanos y los empresarios es que nos digan si hay alún criterio de interés general, distinto al de competencia que pueda verse afectado por la opa». A partir de ahí, se utilizará la información -no vinculante- «para tomar una decisión informada antes de tomar la decisión de si elevarla o no al Consejo de Ministros», añadió. «Las razones de interés general están incluidas en el artículo 10.4 de la ley de defensa de competencia», insistió Cuerpo. «Es una buena práctica y por nuestra parte la seguiremos utilizando si se da está situación en posteriores ocasiones», añadió.

Frente a las críticas por este movimiento, Cuerpo recordó que otros organismos como la CNMC también han consultado a agentes implicados en el proceso. «Es una buena práctica, es un procedimiento abierto y transparente», insistió.

En este punto, recordó que el Gobierno sigue haciendo un estudio pormenorizado del análisis de Competencia «donde ellos mismos señalan algunos riesgos en sistemas de pago, depósitos, crédito a pymes, etc. y valoramos los requisitos puestos sobre la mesa».

«Somos respetuosos con el trabajo de las distintas instituciones, el BCE, la CNMC, que ha hecho un análisis exhaustivo y ya que ellos han identificado en algunos segmentos y territorios posibles problemas de competencia en crédito a pymes, medios de pago y han puesto remedios… añadiremos criterios adicionales y tomaremos la decisión sobre si reforzaremos o no la decisión de pasar al Consejo de Ministros para reforzar o modificar las condiciones que ha establecido la CNMC», indicó.

En concreto, el artículo 10.4 establece esos criterios de interés general bajo seis factores: defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial. Pero el Gobierno deja abierto un punto con «otros», donde entrarían los temores que ya ha expresado recientemente sobre la cohesión territorial o el empleo.