Del coste del despido al Salario Mnimo: nueva denuncia a Espaa ante Estrasburgo

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Desde que el Gobierno ratific en su totalidad la Carta Social Europea en mayo de 2021 ha abierto la veda a las demandas

Yolanda D
Yolanda Daz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funcionesMUNDO
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El Reino de Espaa ha sido objeto de una nueva demanda colectiva interpuesta ante el Comit Europeo de Derechos Sociales, con sede en Estrasburgo, por no tener un Salario Mnimo Interprofesional (SMI) suficiente que equivalga al 60% del salario medio, tal y como estipula la Carta Social Europea.

Este Tribunal, equivalente al que vela por el cumplimiento de los derechos humanos pero centrado en los de tipo social, ya tiene en trmite otras quejas contra nuestro pas, entre las que destacan las presentadas por UGT y CCOO por el coste del despido, y que siguen la misma tendencia iniciada en otros estados como Italia o Francia, donde a los sindicatos se les ha dado la razn. El Comit admiti a trmite esa demanda, pidi las rplicas pertinentes y ahora est pendiente que emita resolucin, algo que se espera para 2025, como public EL MUNDO. Si da la razn a los sindicatos -como se espera a la vista de los precedentes- abrir la puerta a que los jueces acepten cada vez ms indemnizaciones por despido a la carta en los procesos que se judicialicen e invitar al Parlamento a cambiar la legislacin.

En esta ocasin la demanda no viene de ninguno de los dos sindicatos mayoritarios, sino que ha sido interpuesta por la Confederacin Intersindical Gallega (CIG), que alega que el SMI, en su nivel actual de 1.080 euros en catorce pagas, se queda por debajo del 60% del salario medio en Espaa.

«Con la interposicin de la reclamacin colectiva, CIG pretende que el CEDS declare que la cuanta del salario mnimo interprofesional para 2023, fijada en 15.120 euros brutos anuales (1.080 euros brutos mensuales en catorce pagas) mediante dicho real decreto, no es conforme con el artculo 4.1 de la Carta, al ser claramente inferior al 60% del salario medio estatal, siendo incluso ms baja que los 17.016,17 euros brutos que la oficina estadstica de la Unin Europea (Eurostat) establece para el ao 2022″, como el equivalente al 60% del salario medio de ese ao, recogen en la demanda a la que ha tenido acceso este medio.

Segn esos datos de Eurostat, el salario medio en Espaa fue en 2022 de 28.360 euros, con lo que el 60% de esa cantidad equivaldra a 17.016 euros anuales, una cuanta que est muy por encima del SMI de 2023 (15.120 euros) y ms an de la de 2022 (de 14.000 euros, lo que equivaldra al 49,36% del salario medio).

Pese a que en los argumentos presentados este sindicato reconoce haberse inspirado en las quejas de UGT, que ya denunci pblicamente en septiembre que el SMI estaba por debajo de esa equivalencia, fuentes del sindicato que lidera Pepe lvarez descartan por ahora seguir sus pasos y presentar una reclamacin, ya que confan en que esa brecha se subsane en la subida del SMI de cara a 2024, con la que ya se han comprometido el PSOE y Sumar en su acuerdo. Admiten, no obstante, que esta es una va de escape en el futuro en caso de que prximos gobiernos no cumplan con las subidas necesarias para mantener esta relacin.

Fuentes del tribunal de Estrasburgo explican a este peridico que la demanda colectiva de la CIG an no ha sido admitida y que lo primero que revisar este organismo para aceptarla o no a trmite es si este sindicato es representativo en Espaa. «Si la demanda est bien construida y es presentada por un sindicato que represente a trabajadores, tenga estatutos, competencias y acte como sindicato con representatividad, no habra impedimento», sealan.

El plazo para que se admite ser de en torno a seis meses desde que se registr el mes pasado y la decisin sobre el fondo (si el sindicato tiene o no razn) saldr alrededor de 35 meses despus, es decir, en unos tres aos, que es lo que est tardando en resolver el Comit de media salvo para asuntos prioritarios.

No obstante, aunque esto podra apuntar a que no habra veredicto hasta 2027, el Comit precisa que en 2024 tiene previsto asesorar las obligaciones de los estados en el marco de un informe ad hoc sobre el coste de la vida y la crisis, y aunque los salarios mnimos no sern la cuestin en s a tratar, sino el poder adquisitivo, es previsible que sean analizados.

Desde que en 2021 el Gobierno ratific en su integridad la Carta Social Europea y se comprometi a su cumplimiento, el pas puede ser objeto de reclamaciones ante el Tribunal por parte de distintas organizaciones en caso de que interpreten que alguno de sus artculos se est incumpliendo.

En www.elmundo.es

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