¿Cuánto cobra un preso en España? Estas son sus pagas

La población reclusa en España asciende a 58.921 personas, según los últimos datos publicados por Instituciones Penitenciarias en septiembre. Una cifra que, aunque pueda parecer elevada, se ha mantenido relativamente estable en los últimos años tras una tendencia a la baja desde 2010. De ese total, más del 93% son hombres (54.827), lo que confirma el predominio masculino en el sistema penitenciario español.

Por tramos de edad, la franja más numerosa es la de los 31 a los 40 años, una etapa vital marcada, en muchos casos, por antecedentes de exclusión social, drogodependencias o falta de oportunidades laborales previas. Esta realidad se cruza con otro dato relevante: el 31,4% de los reclusos son extranjeros. La nacionalidad marroquí encabeza esta categoría, seguida de la colombiana (9,3%) y la rumana (7,4%), lo que apunta a una presencia notable de personas migrantes dentro del sistema penal, muchas veces vinculada a delitos relacionados con el narcotráfico o la documentación irregular.

Ahora bien, uno de los elementos más interesantes —y menos visibilizados— del entorno penitenciario es el trabajo dentro de prisión. En España, los internos tienen la posibilidad de realizar actividades laborales remuneradas mientras cumplen condena. Esta posibilidad está regulada por el Real Decreto 782/2001, que establece que la retribución debe tomar como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Aunque el SMI en 2024 se sitúa en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, los presos que trabajan en prisión cobran entre 3,24 y 5,68 euros por hora, lo que se traduce en unos 200 a 300 euros mensuales. Una cantidad que no solo está muy por debajo del mínimo legal, sino que no incluye cotización a la Seguridad Social en la mayoría de los casos, al tratarse de una figura jurídica especial que no considera estos trabajos como una relación laboral ordinaria.

Los datos de Instituciones Penitenciarias indican que, en junio de este año, 11.375 internos estaban empleados, lo que representa aproximadamente el 20% del total de reclusos. Las actividades más comunes tienen lugar en talleres productivos o de servicios internos, como lavanderías, panaderías, carpinterías o imprentas. Estos trabajos no solo suponen un pequeño ingreso para el interno, sino que también buscan cumplir una función rehabilitadora: mantener rutinas, desarrollar habilidades laborales y favorecer la reinserción.

Sin embargo, el sistema no está exento de críticas. Algunas organizaciones de derechos humanos denuncian que, pese a su carácter formativo, los trabajos penitenciarios rozan en ocasiones condiciones laborales precarias, con falta de derechos básicos como vacaciones, bajas médicas o representación sindical. A ello se suma la falta de acceso igualitario al trabajo, ya que no todos los internos tienen las mismas oportunidades ni las plazas cubren la demanda existente.

Pese a estas limitaciones, para muchos internos, estos empleos representan una vía de escape simbólica dentro de la rutina carcelaria, así como una fuente de ingresos —aunque modesta— para enviar a sus familias, pagar deudas o ahorrar de cara a su futura reintegración en la sociedad.