Clamor de las autonomías históricas ante las cesiones de Pedro Sánchez



La mayoría de las comunidades autónomas que, en sus estatutos e incluso en el propio texto de la Constitución, pueden invocar un reconocimiento histórico comparable a Cataluña claman contra el trato de favor que este último territorio recibirá, tras el pacto PSOE-Junts.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno, quien aseveró que el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez «humilla a los españoles y a una parte importantísima de los catalanes, única y exclusivamente por el sillón de La Moncloa». En declaraciones a los periodistas. Moreno insistió en que «el sillón de Sánchez nos va a costar carísimo» a los españoles.

«Es una ruptura del principio de igualdad entre comunidades autónomas, entre territorios y, por tanto, entre españoles; la ruptura más grave y más preocupante que se ha producido en la historia democrática de nuestro país».

Moreno no hizo mención a la línea argumental que mantenía el ejecutivo andaluz respecto a los pactos del PSOE con independentistas catalanes en temas fiscales y económicos, basada en la exigencia de igualdad en el trato que pasa por conceder a Andalucía 7.800 millones de euros para igualar la quita de deuda por habitante que se le hará a Cataluña, así como «un fondo de compensación» que permita a esta comunidad «recuperar los 15.000 millones que ha perdido con el actual sistema de financiación autonómica.

Desde Galicia, la primera reacción del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con ese acuerdo de investidura alcanzado de madrugada entre Junts y PSOE para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, se resume en dos líneas «Junts consigue todo lo que quería y Pedro Sánchez lo único que le interesa«.

Al respecto, el máximo mandatario gallego destacó que este acuerdo rompe con el principio de igualdad en España y advierte de que queda todavía por ver «la factura millonaria» que costará a cada contribuyente.

Una de las regiones que se considera más agraviadas por el pacto entre PSOE y Junts es la Comunidad Valenciana, directamente afectada por dos de las grandes patas económicas del acuerdo. Por un lado, la intención de negociar un nuevo marco de financiación autonómica «singular» para Cataluña choca con la reclamación que desde hace años mantienen todos los partidos valencianos para reformar el modelo actual, en el que la valenciana es la autonomía peor financiada. Por el otro, el compromiso para que su vecino del norte recupere la sede social de las empresas que salieron con el procés, que incluye a corporaciones como CaixaBank y Banco Sabadell ahora domiciliadas en la región.

El presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, se mostró muy crítico con el pacto y llegó a asegurar que «parece que toca a su fin el régimen constitucional» que se basaba «en que no haya españoles de primera y de segunda». Además, cuestionó «la legitimidad moral» de la amnistía.

La patronal valenciana CEV también alzó la voz al conocerse esos puntos del acuerdo. «El diálogo sobre el impacto del actual modelo de financiación no puede ser «singular, debe ser plural», según su presidente, Salvador Navarro, que recordó que la valenciana es la autonomía más infrafinanciada y defendió que si alguna debe tener un trato prioritario debería ser ésta.

‘Votos muy caros’

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer que «nunca siete votos habían salido tan caros«. Carriedo afeó que se hable de financiación autonómica en el documento sin haber consultado al resto de autonomías y recordó que «los firmantes tendrían capacidad por sí solos por tener la mayoría en el CPFF para imponer su criterio a las 16 comunidades autónomas».

Sobre la «singularidad fiscal de Cataluña» que facilitará la cesión del 100% de todos los tributos, Carriedo «reclamó que todos los españoles reciban el mismo trato vivan donde vivan, para nosotros es básico que las personas paguen impuestos en función de su capacidad contributiva y reciban servicios públicos en función de sus necesidades».

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