CEOE y Cepyme lamentan que los permisos parentales se aprueben «sin contar» con sindicatos y empresarios

El pasado lunes PSOE y Sumar lograron un acuerdo para ampliar el permiso por nacimiento, que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Ministros. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) no han tardado en pronunciarse al respecto. Ambas organizaciones afean al Gobierno la adopción de medidas «de impacto para las empresas» de manera unilateral, sin un diálogo previo con empresario ni sindicatos, tal y como han expuesto en un comunicado conjunto publicado este jueves.

Su queja, además de a una cuestión de fondo, responde a un lamento más profundo. CEOE y Cepyme van más allá. Denuncian la «dinámica preocupante» que, dicen, llevan tiempo experimentado: se ignora el modelo de concertación social que ha sido clave en la estabilidad económica y social de nuestro país desde el comienzo de la democracia, alegan. No es la primera vez que los empresarios afean al Ejecutivo no escuchar la voz del sector y de los agentes implicados.

En este sentido, exponen una serie de problemas que a día de hoy afrontan las empresas españolas e inciden en que esta «forma de proceder» [aprobación del real decreto ley] se produce en un contexto «especialmente sensible» para el tejido productivo de nuestro país. Desde las 1,6 millones de personas que faltan cada día a sus puestos, sentando una tasa de absentismo sin precedentes; la caída de casi un punto de productividad por trabajador ocupado; la tan aquejada, entre empresarios, reducción de la jornada laboral a 37,5% horas semanales; la estructural y elevada fiscalidad que merma la competitividad nacional de cara al exterior; hasta la imposición de obligaciones, como los pretendidos cambios del registro horario y la alta burocracia, que ahogan al pequeño emprendedor -pymes y autónomos-. Todos ellos, ejemplos de la elevada presión que enfrenta la fuerza ejecutiva de nuestro país y cuyas decisiones, frecuentemente, se toman sin una puesta en común activa.

Asimismo, denuncian que el constante cambio normativo desincentiva la inversión, frena avances en el empleo y bloquea su desaceleración. De manera que, señalan a la proliferación de anuncios de transformación regulatoria de generar «incertidumbre, rigidez y mayores costes para las compañías», a la vez que limitan la capacidad de adaptación tanto de estas como de sus empleados.

Por ello, reclaman al Gobierno «responsabilidad institucional y una vuelta al diálogo social», de manera «real, estructurada y eficaz», sobretodo en cuanto a materias sensibles que afecten al mercado laboral y que, a su juicio, requieren el consenso y participación de todos los agentes implicados.