Bruselas vuelve a pedir a España medidas específicas para dejar de subvencionar a los combustibles fósiles
La Comisión Europea vuelve a pedir a España decidir cómo y cuándo dejará de subvencionar a los combustibles fósiles en su hoja de ruta climática a 2030, conocida como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El Ejecutivo comunitario pidió al Gobierno español a finales de 2023 que especificase «con más detalles» el futuro de estas ayudas, pero el Ministerio para la Transición Ecológica hizo caso omiso a esa reclamación en la última actualización del plan (data de septiembre de 2024), por lo que Bruselas vuelve a reclamarle una hoja de ruta «clara» y «con medidas específicas».
«El plan (PNIEC) incluye el compromiso de eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, pero no explica claramente cómo, ni las medidas específicas para ello ni tampoco da una fecha. Simplemente, incluye una referencia al resultado de la COP28 sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles ineficientes y ejemplos de subsidios otorgados para apoyar el desarrollo de las energías renovables, así como una prohibición bastante genérica de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos», afirma la evaluación del Ejecutivo comunitario al citado plan climático.
La principal ayuda a los combustibles fósiles en España es la baja fiscalidad que aplica a la gasolina y el diésel, aunque el departamento que dirige Sara Aagesen define en el PNIEC como subsidios la exención o reducción de determinados impuestos a algunos colectivos.
Entre los ejemplos cita la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el uso del gasóleo en la agricultura y ganadería, así como en el uso profesional y transporte de mercancías, pasajeros y taxis. También los tipos reducidos que aplican a al gasóleo utilizado como carburante en los vehículos especiales o agrícolas y, en general, como combustible para calefacción, el GLP, el gas natural y el queroseno destinado a usos distintos a los del carburante o en motores estacionarios o con fines profesionales.
Otras recomendaciones
No es esta la única corrección de Bruselas al plan climático del Gobierno español. El Ejecutivo comunitario también afea a España no contar con una estrategia de captura de carbono –capturar y almacenar el dióxido de carbono (CO2) generado por la quema de combustibles en la industria antes de que se emitan a la atmósfera– ni una estimación de la capacidad esperada de almacenamiento. También sostiene que solo se abordan «parcialmente» las consecuencias del cambio climático en la disponibilidad futura de agua y las implicaciones que esto tendrá para el sector energético al «carecer de una evaluación prospectiva completa de la demanda futura de agua y de la oferta disponible a escala nacional».
La Comisión Europea añade que el plan no explica cómo pretende España fomentar la reducción de la demanda de gas natural ni desarrolla políticas o medidas para alcanzar este objetivo en 2030. Tampoco incluye previsiones sobre el consumo de petróleo hasta 2050 ni evalúa la idoneidad de la infraestructura petrolera a largo plazo ante la «prevista» disminución de la demanda de este combustible y la transición hacia otras alternativas bajas en emisiones de carbono.
Por otra parte, Bruselas también sostiene que el plan «no cuantifica» las necesidades de flexibilidad ni establece «objetivos claros» de respuesta a la demanda, almacenamiento y flexibilidad. Y, aunque sí se establecen medidas para reducir el consumo energético de los edificios, no se acota la superficie total de edificios públicos con calefacción y aire acondicionado que se renovarán cada año.
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