Bruselas recorta 1.100 millones en la entrega de fondos europeos a España por el impuesto al diésel y otras reformas incumplidas
Siete meses después de que España solicitara el quinto pago de fondos europeos ‘Next Generation EU’, por 25.100 millones de euros, la Comisión Europea ha propuesto este lunes desbloquear el quinto desembolso, pero por una cantidad (24.137 millones) que es casi mil millones inferior a lo solicitado en diciembre pasado por el Gobierno español (963 millones menos)
En términos netos, teniendo en cuenta que una pequeña parte de las cantidades ya fue anticipada en 2020, el desembolso asciende a casi 23.000 millones, frente a los 23.900 solicitados por España.
La razón de esta quita -en principio, temporal- tiene que ver con el incumplimiento de reformas comprometidas por el Gobierno español en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, la Comisión ha descontado 500 millones de euros por no haberse logrado la retirada de la bonificación fiscal al diésel comprometida por el Gobierno español (un descuento de 460 millones) y por no haberse completado el compromiso relacionado con la digitalización de comunidades autónomas y ayuntamientos (un descuento de 40 millones).
Además, según las cifras desglosadas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la Comisión Europea ha bloqueado otros 626 millones (correspondientes al primer desembolso), en espera de que el Gobierno español avance en la reducción de la temporalidad del empleo público, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En total, son unos 1.126 millones de euros en fondos europeos retenidos a España por el incumplimiento total o parcial de algunos de los hitos comprometidos por el Gobierno español.
En sentido positivo, sin embargo, este quinto desembolso suma 158 millones heredados del cuarto pago, después de que el Gobierno sí haya podido completar el compromiso pendiente relacionado con el kit digital.
En eso confía ahora el Gobierno, en completar los hitos pendientes (diésel, digitalización y temporalidad de empleo público) en el transcurso de los seis próximos meses, para evitar la pérdida definitiva de esos 1.126 millones que ahora han sido retenidos por la Comisión Europea.






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