Bruselas expedienta a España por la ley usada para condicionar la opa de BBVA al Sabadell

La Comisión Europea ha cumplido su amenaza de los últimos meses y ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento de infracción a España a raíz de que el Gobierno haya puesto obstáculos a la oferta de compra (opa) del Sabadell por parte de BBVA. El proceso, eso sí, se demorará meses y no tiene como objetivo principal que el Ejecutivo español retire la condición que impuso a la operación (en caso de tener éxito la opa, los dos bancos no podrán fusionarse en tres años, ampliables en otros dos). Lo que busca Bruselas es que el Gobierno modifique las leyes que le han habilitado y le podrían habilitar en el futuro a entorpecer la operación pues, a su juicio, son contrarias a la normativa europea.

«La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE. Asimismo, considera que estas amplias facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales«, ha argumentado.

En concreto, Bruselas quiere que España modifique una ley financiera del Gobierno de Rajoy de 2014 que otorga al Ministerio de Economía la competencia de aprobar o denegar las fusiones bancarias. Significativamente, se trata de una potestad que el Ejecutivo español todavía no ha podido emplear en el caso de la opa y que, de hecho, correspondería ejercer al ministro que esté al frente de Economía dentro de tres o cinco años, cuando venza la condición de no integración fijada para el caso de que BBVA se haga con el control del Sabadell.

La Comisión también quiere cambios en la ley de defensa de la competencia del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero de 2007 que permite al Consejo de Ministros modificar las condiciones impuestas a una integración por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este poder sí ha sido ejercido por el actual Gobierno en la opa: fue el que le habilitó a imponer la condición de que los dos bancos tengan que mantener estructuras independientes durante tres años, ampliables a cinco. Bruselas consideraba que no había motivos de interés general que justificasen que esta decisión y estima que la norma debería delimitarse más.

Apoyo a las fusiones

Se trata, por tanto, de dos normativas que llevan vigentes muchos años, con lo que resulta llamativo que el Ejecutivo comunitario haya tardado tanto tiempo en juzgarlas contrarias a la legislación europea. También que no haya abierto el procedimiento de infracción la Comisaría de Competencia (liderada por la exministra socialista Teresa Ribera), sino la de Servicios Financieros (dirigida por la portuguesa Maria Luís Albuquerque, adscrita al PP europeo). Más allá de cuestiones legales, parece existir también una motivación política por parte de Bruselas, que en los últimos meses está empujando para lograr un mercado financiero y de capitales más integrado en la UE, con bancos de mayor tamaño que puedan competir globalmente. Algo a lo que, además de en España, también se ha puesto obstáculos recientemente en Alemania o Italia.

Lo ha venido a reconocer el propio Ejecutivo comunitario al anunciar la apertura del procedimiento: «Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la Unión Bancaria. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que la ciudadanía y las empresas tengan acceso a los productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones».

Frente a ello, el Ministerio de Economía viene defendiendo desde hace meses que su actuación en el caso de la opa ha sido «absolutamente respetuosa y alineada» con la normativa española y europea. Es el mismo argumento que empleó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 para suavizar las condiciones fijadas por la CNMC a la fusión entre Antena 3 y La Sexta. Como adelantó EL PERIÓDICO, el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la opa se anticipó a este probable conflicto con la Comisión, al justificar exhaustivamente la base legal de su decisión, basada en varias sentencias y en un informe de la Abogacía del Estado.

Meses de conflicto

Cuerpo, en esta línea, ha destacado este jueves que el «supuesto desalineamiento» con la normativa europea se produce en dos leyes que llevan 11 y 18 años vigentes y se ha mostrado «totalmente convencido» de que la actuación del Gobierno en la opa está «en línea con la normativa doméstica», que a su vez está «plenamente alineada» con la comunitaria. En cualquier caso, ha evitado entrar al choque con Bruselas: «Colaboraremos de manera constructiva con la Comisión, dando toda la información y las aclaraciones que sean necesarias desde el punto de vista técnico y legal. Esperamos que finalmente prevalezca nuestra posición».

El choque viene de lejos. Bruselas pidió información al Ejecutivo el pasado verano a través de un procedimiento informal (conocido como EU Pilot). Fuentes conocedoras del proceso, con todo, matizan que los intercambios entre ambos ejecutivos estaban centrados en la fase posterior de la fusión, tras la opa. Una directiva europea que está en fase de transposición impediría al Gobierno denegar las fusiones bancarias, como le habilita la ley de 2014. Pero dicha directiva comunitaria todavía no ha sido incorporada a la legislación española, para lo que hay plazo hasta el año que viene. Pese a ello, en las semanas anteriores a que el Consejo de Ministros se pronunciase, Bruselas amenazó de forma inusual al Gobierno con tomar represalias si condicionaba la operación.

Tras el envío de la carta de emplazamiento a España en la que se le comunica la apertura del procedimiento de infracción, el Gobierno tiene ahora dos meses para responder y «subsanar las deficiencias» señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria a ojos de Bruselas, el Ejecutivo comunitario podría emitir un dictamen motivado y dar otros dos meses al Ministerio de Economía para aprobar los cambios legales demandados. En caso de falta de acuerdo, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir sanciones económicas para el país. No se trata de algo excepcional para los Estados miembros: España tiene 91 procedimientos de infracción.

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