Bruselas expedienta a España por condicionar la opa del BBVA

Bruselas ya había expresado su desacuerdo con la posición adoptada por el Gobierno respecto a la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Finalmente, este jueves, la Comisión Europea ha decidido intervenir formalmente en el asunto. En concreto, ha abierto un procedimiento de infracción contra España al considerar que la normativa utilizada por el Ejecutivo para analizar y condicionar esta operación vulnera varias normativas comunitarias, en particular las que garantizan la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.

El Ejecutivo europeo opina que ciertas disposiciones de la legislación bancaria y de la ley de defensa de la competencia españolas confieren al Gobierno facultades «ilimitadas» para intervenir en fusiones y adquisiciones de entidades financieras. Esta situación, advierte la Comisión, podría menoscabar las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de las autoridades nacionales de supervisión.

Ante esto, la Comisión ha enviado a España una carta de emplazamiento y las autoridades españolas disponen de un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas. Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podría continuar con las siguientes fases del procedimiento de infracción, lo que incluiría, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar una sanción por incumplimiento.

La CE ya había expresado reservas

La operación de compra del Banco Sabadell por parte del BBVA recibió luz verde por parte del Banco Central Europeo (BCE) en 2024 y, posteriormente, fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en abril de 2025. Esta última autorización llegó con condiciones orientadas a mitigar posibles impactos negativos, como una eventual restricción del crédito a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en mayo, el Gobierno español decidió someter la operación a la deliberación del Consejo de Ministros, que terminó aprobándola también, pero con más exigencias.

Antes de esta última decisión, la Comisión Europea ya había expresado reservas. Dado que tanto el BCE como la CNMC habían dado su aprobación, desde Bruselas se consideraba que no existía base suficiente para que el Ejecutivo español paralizara o condicionara la operación. Tras conocerse el resultado del Consejo de Ministros, la Comisión insistió en que cualquier intervención nacional debía cumplir tres requisitos fundamentales: «excepcional, proporcionada y justificada por razones de interés público válidas».

Una posible extralimitación de competencias

No obstante, el escrutinio de Bruselas sobre este asunto no comenzó con la decisión del Consejo, sino un año antes, en mayo de 2024. En ese momento, la Comisión recibió una denuncia tras el anuncio inicial de la opa, en la que se advertía de que ciertas normas españolas relativas al sistema bancario podrían ser incompatibles con la legislación comunitaria. Esto llevó al inicio de un diálogo informal con las autoridades españolas para esclarecer si existía o no una posible infracción.

La preocupación aumentó cuando, el pasado mes de mayo, el Gobierno anunció que llevaría la operación ante el Consejo de Ministros. En ese momento, Bruselas amplió su análisis, enfocándose en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que fue la base jurídica utilizada para justificar dicha intervención..

Aunque la Comisión no cuestiona directamente la existencia de la ley ni su legitimidad, sí considera problemático el modo en que se ha aplicado en este caso concreto. Según fuentes comunitarias, el Gobierno español utilizó argumentos que no se ajustan estrictamente a los supuestos de interés público previstos por el Derecho de la UE, lo que, a juicio de Bruselas, podría suponer una extralimitación de sus competencias y una posible vulneración de las reglas del mercado interior.

El Gobierno asegura que está defendiendo a los trabajadores

Tras la apertura del procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido en defensa del Ejecutivo, asegurando que su intervención responde a la necesidad de proteger el interés general y prevenir un exceso de concentración en el sector bancario. En su opinión, el Gobierno está actuando para salvaguardar tanto la estabilidad del sistema financiero como el empleo en el país.

«Estamos protegiendo, nada más y nada menos, que a las trabajadoras y trabajadores del sector bancario en España», ha afirmado Díaz, recordando que el BBVA llegó a plantear la posible supresión de 5.000 puestos de trabajo si se llevaba a cabo la fusión, mientras que los sindicatos elevan esa estimación hasta los 10.000 empleos afectados.

Desde que se lanzó la oferta pública de adquisición en mayo de 2024, el BBVA no ha dado cifras oficiales sobre el posible impacto en el empleo. No obstante, su presidente, Carlos Torres, ha insistido en varias ocasiones en que los principales ahorros derivados de la operación no procederían de recortes de plantilla, y ha subrayado que cualquier ajuste se negociaría con los representantes sindicales.

Díaz ha subrayado además que la decisión del Gobierno de impedir una eventual fusión entre el BBVA y el Sabadell durante los próximos tres años también protege a los consumidores. En este sentido, ha reivindicado que el papel del Ejecutivo es garantizar un sistema financiero al servicio del interés público: «El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender un servicio público financiero que es clave en las sociedades democráticas y desde luego, el bienestar en nuestro país».