Bruselas abre procedimiento de infracción contra España por sus interferencias en la opa del BBVA

A finales de junio, la comisaria de Finanzas, María Luisa Alburquerque ya advirtió de que el Gobierno no debía interferir en operaciones como la del BBVA sobre el Banco Sabadell y aseguró que el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia son los únicos organismos que se pueden pronunciar en este tipo de transacciones. «Las reglas son muy claras: para entidades grandes tenemos al BCE, que indica si la operación es adecuada o no; y después tenemos a las autoridades de Competencia, que pueden expresar sus preocupaciones», afirmó en el evento Fórum Europa, en Bruselas.

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando el BBVA anunció públicamente su intención de adquirir el Banco Sabadell. Dos días más tarde, un ciudadano español presentó una denuncia ante la Comisión Europea por indicios de que habría oposición a esta fusión bancaria, ya que entendía que algunos elementos de la legislación española se oponían a los Tratados y disposiciones de Unión de Mercado. La Comisión comenzó entonces un diálogo con España para entender la situación. 

En el proceso de la operación, la Comisión entiende que se trata de una transacción de mercado y que, como tal, sólo ha de verse sometida al control de las autoridades competentes, en este caso el BCE. En cuanto a la visión de Competencia, no era necesario que la operación se comunicara a Bruselas, ya que las dos entidades tienen más de dos tercios de su negocio dentro de España y no se cumplían los umbrales, por lo que solo necesitaba la autorización de la Autoridad española de la Competencia. La Comisión no pone en cuestión que el Gobierno haya llevado la operación al Consejo de Ministros, sino que pone el foco en las normas que han permitido al Ejecutivo español extralimitarse en este tipo de operaciones y que, según apunta, no están alineadas con el Derecho de la UE.

Por ello, la Comisión ha enviado este jueves una carta de emplazamiento a España. El país tendrá dos meses para contestar a Bruselas que elaborará después un dictamen motivado y, en base a lo que conteste España y de si se realizan o no los cambios legislativos necesarios, la Comisión podría remitir a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo que podría suponer una sanción económica.