Bruselas abre expediente a España por inmiscuirse en la OPA de BBVA a Banco Sabadell

La Comisión Europea ha dado un paso importante al anunciar un expediente de infracción contra España debido a los poderes discrecionales que ciertas normas en la legislación española otorgan al Gobierno. Esta medida se toma en el contexto de la reciente OPA Hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, donde se considera que dichos poderes podrían permitir al Gobierno actuar más allá del interés general.

La Comisión Europea ha planteado diversas inquietudes que requieren la atención del Gobierno español en un plazo de dos meses. Entre estas preocupaciones se encuentra la necesidad de realizar cambios significativos en la transposición de dos leyes europeas. También se cuestiona si la intervención del Gobierno en la mencionada operación responde verdaderamente a un motivo de interés general.

Fuentes comunitarias han destacado que, en el caso de que la intervención hubiera estado justificada por un motivo legítimo de interés público, no se habría planteado un problema. Sin embargo, se advierte que, en asuntos bancarios como este, no era apropiado elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como ocurrió el 27 de mayo.

El envío de la carta de emplazamiento marca el inicio de un proceso que permitirá el diálogo entre Bruselas y Madrid para abordar las diferencias detectadas. En última instancia, este proceso podría llevar a que la Comisión eleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

A pesar de este procedimiento, se destaca que la operación de adquisición de BBVA sobre Sabadell no se verá afectada en la práctica. La preocupación principal de la Comisión Europea radica en la falta de alineación de la legislación española con el Derecho de la UE.

Bruselas espera que España realice correcciones sustanciales en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Asimismo, se señala la necesidad de orientar y utilizar adecuadamente las disposiciones relacionadas con la ley de defensa de la competencia.

Según fuentes comunitarias, las mencionadas disposiciones otorgan al ministro de Economía una capacidad discrecional de veto y un poder para intervenir en operaciones bancarias que podría socavar las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) en este ámbito.