Autocaravanas para los expulsados de la jungla inmobiliaria de Baleares: “Estamos aquí por obligación, no de vacaciones”

Enrique vive desde hace cuatro años en un pequeño habitáculo de ocho metros cuadrados que él mismo ha adecuado porque no puede afrontar el precio de un alquiler durante todo el año a pesar de tener trabajo e ingresos. Es un furgón de empresa reconvertido en casa con ruedas. Una casa en la que este uruguayo de 67 años ha instalado todo lo que necesita para su día a día. Una pequeña pila para fregar y un fogón para cocinar detrás de los asientos que dan a la cabina, una cama, un pequeño baño, armarios para guardar su ropa y enseres y una tableta para leer o ver la televisión. Su autocaravana está aparcada en el estacionamiento del polideportivo público de Son Hugo de Palma junto a otras treinta más. En 2018 eran solo cuatro. Es la única salida que han encontrado algunos en una ciudad en la que cada vez es más complicado acceder a una vivienda en arrendamiento o incluso a una habitación compartida.

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Sin espacio propio

La ciudad de Palma no cuenta con ningún lugar específico habilitado para aparcar las autocaravanas y solo tiene un punto para el vaciado de las aguas y la limpieza de los depósitos. La ordenanza municipal tampoco hace ninguna referencia específica y solo prohíbe estacionar los vehículos en el mismo lugar durante más de 10 días, por lo que las autocaravanas solo tienen que moverse unos metros para cumplir con la norma. El alcalde de la ciudad, el socialista José Hila, reconoce que el del acceso a la vivienda es el desafío más importante en la actualidad y reclama ayudas al Gobierno central para dar una salida al problema. “El crecimiento de población que ha experimentado la ciudad en los últimos años tiene consecuencias. Hablamos mucho de la España vaciada, pero necesitamos ayudas para dar una solución al problema habitacional en la España llenada” insiste. Para Hila, otra de las cuestiones que merecen una reflexión es la de la solidaridad social porque la mayor parte de los pisos de la capital balear está en manos privadas, no de grandes fondos. “Un porcentaje pequeño de los pisos es de fondos de inversión, el resto es de los ciudadanos que somos los que ponemos esos precios“, concluye.

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