«Al Gobierno no le interesa»

Según Asaja, la principal asociación agrícola, esto se debe tanto a los daños a largo plazo que causó la reforma impulsada por Yolanda Díaz, de Sumar, como al «desinterés» por parte del Ministerio de Trabajo –liderado por Díaz– por informar al sector sobre el cambio en el Estatuto de los Trabajadores.

Llama la atención pues desde que en 2022 la reforma laboral eliminó los antiguos contratos por obra y servicio y creó los nuevos contratos por circunstancias de la producción, que redujeron los casos en que se podía contratar a alguien como eventual hasta el punto de hacerlo casi imposible, los agricultores no han dejado de protestar.

En diciembre del año pasado estos se apuntaron una victoria, cuando los populares lograron arrastrar a Junts –en buena medida por el peso del sector primario en Lérida– para que votara a favor de una enmienda que modificó el artículo del Estatuto de los Trabajadores referido a los contratos por circunstancias de la producción para añadirle el matiz «incluidas las campañas agrícolas». Anulado el voto particular del PSOE, esa enmienda –incluida en la ley del desperdicio alimentario– pasó al Senado, donde la mayoría popular introdujo otra modificación que elevó de 90 a 120 días el tope para contratar a alguien durante una campaña agrícola. Ya en marzo, el texto definitivo quedó aprobado en el Congreso, sin que el PSOE lograra convencer a Junts, uno de sus socios habituales, para que tumbara ese retoque en la reforma laboral.

El caso es que han pasado cinco meses y nada ha cambiado. Según los datos de las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, en julio, mes que marca el arranque de la recolección de muchas frutas y hortalizas, el sector agrícola formalizó 47.611 contratos fijos-discontinuos, cifra muy similar a la del año anterior (51.176), y 46.195 contratos por circunstancias de la producción’ de nuevo, un dato similar al de 2024 (46.792). La fotografía es muy distinta a la que ofrecía el sector en 2021, antes de la reforma de Yolanda Díaz. Ese mes de julio, hace ahora cuatro años, se firmaron 114.312 contratos por obra y servicio, 41.715 por circunstancias de la producción y apenas 7.836 fijos. Suman un total de 159.949 contratos, cincuenta mil más de los que se firmaron el pasado mes de julio.

Esto último no es extraño, dado que la imposición del modelo del contrato fijo-discontinuo para gestionar las contrataciones de temporada obligó a muchos agricultores a recurrir al mismo temporero de un año para el otro con el mismo contrato. Y esto, según explica a ABC Juanjo Álvarez, portavoz de Asaja, es un problema porque muchos empresarios del sector tienen problemas para localizar a los temporeros que trabajaron con ellos el año anterior, dado que en muchas ocasiones se trata de personas contratadas en origen o sin una residencia estable, que viajan por la Península en busca de oportunidades de trabajo. Tanto es así, explica a ABC Valentín Bote, director del servicio de estudios de la empresa de trabajo temporal Randstad, que actualmente hay miles de contratos fijos-discontinuos que están en «el limbo» porque los empresarios no los han dado de baja a pesar de que el trabajador esté dado de alta en otra explotación agrícola.

Según Asaja, la existencia aún de miles de contratos fijos vigentes está ralentizando la implantación del nuevo modelo más flexible de contrato por circunstancias de la producción para el campo. «Al Gobierno no le interesa», según explica Juanjo Álvarez, que denuncia que el Ministerio de Trabajo no está publicitando entre los empresarios la posibilidad de volver a hacer este tipo de contrataciones eventuales. Desde Asaja se sienten solos y, mientras tanto, las necesidades de personal del sector no dejan de aumentar. Por enésima vez, este verano las organizaciones agrarias han vuelto a advertir de sus dificultades para cubrir vacantes durante las campañas. También, sobre la necesidad de aumentar la contratación en origen.