a partir del 9 de octubre las transferencias de dinero entre bancos ya no serán como antes

Sin embargo, este avance también ha generado nuevos retos en materia de seguridad financiera. En particular, los fraudes relacionados con suplantaciones bancarias y transferencias fraudulentas han crecido notablemente, afectando tanto a particulares como a empresas españolas. Los ciberdelincuentes han desplazado su foco desde los métodos tradicionales, como robos en cajeros, hacia ataques sofisticados por correo electrónico y plataformas de pago digitales.

En respuesta a esta situación, a partir del jueves 9 de octubre, entró en vigor una nueva normativa europea que obliga a los bancos a verificar la identidad del destinatario en las transferencias de dinero. Esta medida consiste en cotejar que el nombre del beneficiario coincida con el número IBAN antes de ejecutar el movimiento económico.

Normativa europea que cambia el sistema de transferencias

El Reglamento (UE) 2024/886, publicado el año pasado, establece la obligación para las entidades financieras de cotejar que el nombre del beneficiario coincida estrictamente con el número IBAN facilitado por el cliente. Esta pauta afecta a lo que hasta ahora se conocía como una verificación básica, limitada solo a la estructura y validez del IBAN.

Hasta septiembre de 2025, la mayoría de los bancos solo confirmaban en sus sistemas que el código IBAN fuera correcto para proceder con la transferencia. Este dato, aunque esencial, no garantizaba que el destinatario fuera realmente quien decía ser, facilitando la actuación de estafadores que modificaban números de cuenta en facturas o correos electrónicos interceptados, desviando así el pago a cuentas fraudulentas. Estas estafas conocidas como man in the middle provocaron pérdidas muy significativas en España y el resto de Europa.

Con la nueva reglamentación en marcha, cuando el nombre del receptor y el IBAN no coincidan, el banco deberá informar al cliente y otorgarle la posibilidad de cancelar la transferencia. Esta medida, que busca añadir una capa extra de protección sin ralentizar los procesos, tiene el objetivo fundamental de impedir fraudes que hasta ahora se hacían con relativa facilidad.

No obstante, la implantación de este sistema representa un desafío para las entidades bancarias, que deben adaptar sus infraestructuras tecnológicas para realizar las comparaciones de datos en tiempo real, sin afectar la velocidad o disponibilidad de las transferencias instantáneas, cada vez más demandadas por usuarios y comercios.

Impacto en los usuarios y la seguridad financiera

Este avance normativo supone un cambio importante para organizaciones y clientes particulares en España. Los usuarios podrán consultar con mayor seguridad si los fondos enviados llegan a la cuenta correcta, evitando pérdidas económicas derivadas de delitos digitales. Además, se espera que esta iniciativa reduzca considerablemente los casos de fraude donde se suplanta la identidad de proveedores, empleados o familiares.

Para muchas empresas, la obligatoriedad de esta doble verificación supondrá un alivio, especialmente a la hora de gestionar grandes volúmenes de pagos o transferencias de alto importe. Aunque en ocasiones el sistema pueda generar advertencias o demoras si la información no es completamente precisa, la prevención de estafas financieras justifica esta medida y contribuye a consolidar la confianza en los canales digitales.

En términos generales, la Unión Europea ha reiterado que el dinero es cada día más digital y los consumidores demandan procesos rápidos pero seguros. La seguridad, por tanto, debe acompañar esa rapidez para proteger tanto a los ciudadanos como al sistema financiero en su conjunto.