CaixaBank insta a un acuerdo político rápido sin populismo para incrementar la oferta de pisos
CaixaBank ha instado esta mañana a un acuerdo político «rápido» para hacer frente a la crisis de la vivienda que sufre España. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, descarta la existencia de una burbuja inmobiliaria como la hace 16 años e insiste en que no hay pisos suficientes para hacer frente a la demanda ante la llegada de la inmigración necesaria para la economía. Gortázar, durante la presentación de resultados de CaixaBank del primer semestre, ha reclamado un consenso en el que estén implicadas las administraciones estatal, autonómicas y locales.
El consejero delegado de CaixaBank ha recordado que se están creando muchos más hogares que viviendas por la llegada de inmigrantes. En concreto, ha precisado que la población española crece a un ritmo de 500.000 personas al año a lo que se suma las necesidades de emancipación de los jóvenes. Frente a esta demanda, el ritmo de construcción de viviendas es de 130.000 al año. Ante esta situación, Gortázar ha pedido dejar fuera del debate de la vivienda el «populismo y el debate estéril» y ha reclamado la búsqueda de consensos con la implicación de todas administraciones.
Falta de suelo
El máximo ejecutivo de la entidad ha subrayado que si la Administración no reacciona «lo vamos a pagar en lo social». «El problema es serio. Necesitamos un consenso», ha reiterado. Gonzalo Gortázar ha advertido de la falta de suelo para promover viviendas (como viene alertando el sector inmobiliario) y ha defendido la eliminación de trámites burocráticos para agilizar la construcción de viviendas. «Los plazos para liberar suelos son muy largos», ha lamentado.
El consejero delegado de CaixaBank ha incidido en que para afrontar el problema hay que «dar estabilidad regulatoria» para atraer «inversión para la construcción de vivienda protegida y de alquiler social». «Todo tiene que pasar del ámbito de las disputas políticas al de la gestión. Necesitamos incrementar la oferta de vivienda y de manera muy rápida».
Problema de acceso
Gortázar ha apuntado que al margen de los problemas estructurales también hay otras cuestiones colaterales como los pisos turísticos o la okupación. Sin embargo, ha puesto el foco en que «lo esencial es incrementar la oferta, atraer inversiones y dar facilidades». «Si el crecimiento de los precios de la vivienda se mantiene elevado, habrá un momento en el que la gente no podrá acceder y la demanda será menor», ha afirmado.
El directivo cree que la situación no es comparable a la de hace 16 años. «No estamos en una burbuja especulativa», ha defendido. «Yo no veo un riesgo de caída de la vivienda (como ocurrió con la burbuja), ni muchísimo menos, estamos en la situación contraria, pero tampoco puede ser una subida ‘ad infinitum’ porque la sociedad y la economía no lo van a resistir», ha sentenciado.
Gonzalo Gortázar, hoy en València, mientras escucha una pregunta de la prensa. / Levante-EMV
Gortázar se ha mostrado preocupado por la evolución del mercado por el desajuste entre la oferta y la demanda. «Desde el punto de vista de la inmigración, sin un incremento de la capacidad habitacional no la vamos a poder acoger. Y la inmigración es uno de los factores de crecimiento de la economía», ha destacado. Por ello, el consejero delegado de CaixaBank considera que los problemas de acceso a la vivienda pueden llegar a ser un «cuello de botella importante» para la economía española si no se solucionan.
Hipotecas baratas
«La propia competitividad del sector financiero y la bajada de los tipos está permitiendo a más personas acceder a casas» porque la cuota hipotecaria está a su alcance aunque sean más caras, ha explicado. Sin embargo, Gortázar ha incidido en que el ciclo de bajada de tipos ha llegado a su fin.
Impuesto a la banca
Por otro lado, el máximo ejecutivo de CaixaBank ha revelado que la entidad ha recurrido el impuesto de la banca de 2024 tras cumplir con el pago a Hacienda. Para CaixaBank, el impuesto «no está conforme al ordenamiento jurídico ni a los principios tributarios ni es adecuada la manera en que se ha redactado». La entidad pagó el año pasado 493 millones por el impuesto y este año calcula que deberá abonar algo menos de 600 millones.
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