El campo catalán podría perder 60 millones de euros anuales con la nueva PAC

La semana pasada, centenares de agricultores y ganaderos de distintos países de la Unión Europea volvieron a salir a las calles de Bruselas. Al lema de “la seguridad alimentaria es seguridad», protestaban frente a la Comisión Europea mientras se presentaba la propuesta para el nuevo presupuesto plurianual de la UE. En ella, la partida destinada a la Política Agraria Común (PAC) se reduce en un 21%.

El catalán Jaume Bernis, consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la asociación de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), fue uno de los manifestantes. “Esta reforma no es solo un recorte presupuestario. Es un cambio de modelo. Es el final de la PAC tal como la conocíamos”, afirma en conversación con EL PERIÓDICO. Desde la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), su vicepresidente, Xavier Pié, se muestra igual de contundente: “La PAC siempre ha tenido grandes deficiencias, pero si algo conseguía era reducir la incertidumbre a la que agricultores y ganaderos estamos expuestos por nuestro trabajo. Si los presupuestos se aprueban tal como están ahora, la incertidumbre y la precariedad aumentarán”.

Un recorte con efectos desiguales

La primera propuesta del marco financiero 2028-2034 presentada por la Comisión alcanza los 2 billones de euros, lo que equivale al 1,26% de la renta nacional bruta de la UE (frente al 1,13% del periodo anterior). Sin embargo, el dato incluye el reembolso de la deuda post-COVID, arrastra el efecto de la inflación y da un fuerte impulso al gasto en defensa, que multiplica por cinco su dotación. El gran perdedor es el sector agrario.

En concreto, la PAC ve reducida su partida de 387.000 a 300.000 millones de euros. Para Cataluña, esto supondrá una pérdida de unos 60 millones de euros anuales, un 20% menos de lo que reciben actualmente agricultores y ganaderos, según afirman desde la FCAC.

Hasta ahora, la PAC funcionaba como una política única, gestionada por los Estados y, en el caso de España, por las comunidades autónomas. Es decir, la arquitectura era europea, y los Estados quienes la ejecutaban. La nueva propuesta genera un cambio estructural importante, ya que elimina el sistema de dos pilares (apoyo directo y desarrollo rural) para integrarlos en un único fondo nacional y regional.

En este nuevo fondo, las ayudas directas estarán blindadas para que ese dinero no se destine a otras políticas. Sin embargo, el pilar de desarrollo rural desaparecería tal y como existe actualmente. Ese dinero pasaría a formar parte de un nuevo “megafondo” de 856.000 millones de euros que incluye partidas como cohesión, innovación, agroenergía o conectividad.

“Dicen que las ayudas al desarrollo no se perderán, pero no lo tenemos tan claro”, advierte Bernis, temiendo que países con mayor músculo fiscal —como Alemania o los Países Bajos— encuentren vías para proteger a sus agricultores, mientras otros queden rezagados.

En el caso catalán, la comunidad recibe anualmente unos 300 millones de euros en total de la PAC. La supresión del fondo específico para desarrollo rural implica que esos recursos dejan de estar reservados. De este modo, no se trata de una pérdida directa en ayudas a la renta, sino de fondos clave para modernización, digitalización o sostenibilidad del campo, y si no logra competir con proyectos sólidos en el nuevo fondo, ese dinero se perderá en la práctica. La preocupación, también es política: «Ahora tendremos que pelear con el Estado nuestras ayudas, y puede que la parte de Cataluña quede minorizada”, explica Pié.

“La experiencia nos dice que muchos de estos fondos acaban siendo utilizados por los gobiernos para otras cosas”, alertan fuentes del sector. “Estamos pasando de 388.000 millones a 302.000. Eso, sin tener en cuenta la inflación, es una auténtica bofetada”.

¿Quién saldrá más perjudicado?

“Los subsectores que más sufrirán con la desaparición del desarrollo rural son aquellos con menos margen y capacidad de adaptación: la ganadería extensiva, los cereales de secano y la viticultura tradicional”, alerta Bernis. “Estos modelos no pueden competir en un mercado global sin ayudas estructurales, porque tienen costes muy altos y un retorno muy bajo”. El problema no es solo económico, sino también territorial. “El cereal, el arroz, las zonas de montaña… han recibido históricamente ayudas que ahora están en riesgo. Si se rompen esos equilibrios, también se rompe la cohesión territorial”.

Las cooperativas, que aglutinan más de la mitad de los puestos de trabajo en el sector agrícola catalán, también podrían verse afectadas de forma indirecta. “Dependemos de nuestros socios. Si tienen dificultades por falta de apoyo público, eso impactará en la producción y, por tanto, en la viabilidad de la cooperativa”, señala el vicepresidente de la Federació. “No importamos materias primas de terceros países: transformamos lo que producen nuestros socios. Si ellos caen, nosotros también”.

La situación se suma a otras crisis ya existentes: la sequía, la falta de relevo generacional y una creciente incertidumbre estructural en el campo. Desde JARC recuerdan que, de las cerca de 47.000 explotaciones agrarias que hay en Cataluña, una de cada tres está en manos de una persona de más de 70 años. “Estamos perdiendo campesinos”, asegura Bernis. «En solo doce años, el número de trabajadores del campo en Europa ha pasado de 15 millones a 9,5 millones. Si la situación continúa así, nadie querrá seguir o iniciar una explotación agraria. Con estas condiciones, el mensaje que damos a los jóvenes es claramente disuasorio».

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