La ordinalidad de la financiación, un debate de 755 euros por catalán
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en el último año, desde que cerró su acuerdo de legislatura con ERC, en que cumplirá sus acuerdos con los republicanos. Entre los pactos, aparece subrayada en color rojo la propuesta de un modelo de financiación singular para Catalunya que dé oxígeno a las cuentas de la administración catalana.
Illa ha afirmado en los últimos tiempos en que mejorar la financiación no es “ningún privilegio”, sino “una cuestión de justicia”. El president afirmaba el pasado 15 de junio que Catalunya es la tercera comunidad que más recursos aporta, pero la decimocuarta a la hora de recibirlos. “No es ningún privilegio lo que pedimos, es una cuestión de justicia”, apuntó.
El compromiso del Govern con la financiación es transversal y también la consellera de Economia, Alícia Romero, se ha manifestado en este sentido: “Tiene que ser un modelo más transparente, más justo, y preservar los principios de ordinalidad y de solidaridad”, afirmaba la consellera en una entrevista a EL PERIÓDICO publicada este mes de mayo.
¿Qué es el concepto de ordinalidad, ahora en el centro del debate? Éstas son algunas de las claves para entenderlo.
La ordinalidad es un principio que establece que las comunidades estén en el mismo puesto del ranking de aportadores de recursos que en el ranking de receptores de recursos. Eso implica, por ejemplo, que si una comunidad es la sexta que más aporta al Estado, debe ser también la sexta que más recibe. En la práctica, la ordinalidad limita la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe una comunidad. Esta diferencia existe en el caso de Catalunya, que aporta más de lo que recibe, en lo que ha venido siendo una histórica reclamación para los gobiernos catalanes de dintinto signo.
La última liquidación presupuestaria publicada por el ministerio de Hacienda es la del 2022 y fue hecha pública a finales de julio del pasado año. De hecho, en los próximos días se dará a conocer la liquidación del 2023, lo que permitirá tener datos más recientes. En la liquidación de 2022, según datos de la Generalitat, Catalunya aparece como la tercera comunidad que más aporta (3.565 euros por habitante) y la décima a la hora de recibir (3.264 euros). Eso implica que cada catalán aporta 301 euros más de los que recibe.
Esta situación no es una excepción del año 2022, sino la tónica habitual. Los mismos cálculos de la Generalitat a partir de la liquidación de Hacienda apuntan que Catalunya acumula 13 años consecutivos por debajo de la media del conjunto de comunidades autónomas. Según cálculos de la Generalitat, hay casi 20 puntos porcentuales de diferencia entre los recursos que aporta Catalunya y los que recibe.
El cálculo empeora si se tiene en cuenta el coste de la vida, más elevado en Catalunya. Incluyendo ese baremo, Catalunya cae al puesto 14º, el penúltimo del régimen común, recibiendo 3.043 euros por habitante.
La caída de Catalunya en el ranking de receptores respecto al de aportadores es una situación que comparte con otras comunidades. La Comunidad de Madrid es la que más aporta, con 4.328 euros por habitante, y la onceava a la hora de recibir (3.233 euros). Las Illes Balears son la segunda comunidad que más aporta (3.677 euros) y la novena en recepción (3.312 euros). Aragón, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia también pierden puestos en el ránking, pero a pesar de ello, reciben más de lo que aportan.
Se da la circunstancia de que Andalucía es la única comunidad donde en 2022 se cumplía el principio de ordinalidad: era la 13ª que más aportaba (2.406 euros) y la 13ª que más recibía (3.123 euros).
Para que Catalunya, que es la tercera comunidad que más aporta, fuera la tercera comunidad en recursos recibidos por habitante, debería recibir 755 euros más por habitante, lo que sería un 23% más de los 3.264 euros de 2022. Eso dejaría la financiación por habitante en 4.019 euros por persona y acabaría también con el déficit de financiación, ya que esa cifra queda ampliamente por encima de los 3.565 euros que aportó cada ciudadano entonces. Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y experto en financiación, calcula que esos 755 euros por persona supondrían la llegada a Catalunya de más de 6.000 millones adicionales.
Con los datos de la Generalitat de 2024, siete comunidades ocupan un lugar en el ranking de receptores superior al que tienen en el de aportadores. Son Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y las Islas Canarias.
Esquerra ha mostrado su indignación ante el hecho de que la ordinalidad no aparece en las bases del nuevo modelo de financiación que se han hecho públicas esta semana. De hecho, el concepto es citado tan sólo en el preámbulo y como deseo de la parte catalana, algo que dista de los compromisos que habían adoptado los gobiernos español y catalán en los últimos meses. Oriol Junqueras, líder de la formación, ha amenazado con no aprobar los presupuestos ni al Gobierno central ni al catalán por esta cuestión.
La Generalitat ha citado históricamente el caso de los estados federados de Alemania, o länder, donde esta ordinalidad está prevista por ley y es objeto de vigilancia por parte del Tribunal Constitucional, según apunta López Casasnovas.
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