Pradales reivindica haber movilizado ya mil millones de inversión privada en empresas

La cuestión es que el Ejecutivo autonómico ya ha movilizado otros mil millones de inversión pública, con los que aspira a traccionar hasta 3.000 millones adicionales de capital privado a lo largo de la legislatura. Esta arquitectura financiera –que combina recursos propios, alianzas institucionales y el respaldo del ahorro vasco– constituye, en palabras del lehendakari, la base para construir un nuevo contrato social vasco que tenga a la industria y los empleos de valor añadido como pilares.

Esta apuesta del Gobierno vasco llega tras años de estancamiento en la inversión industrial, marcado por la caída en la captación de nuevos proyectos y la incapacidad para retener centros de decisión de las grandes empresas. La falta de tamaño corporativo, capital propio y herramientas financieras adaptadas ha favorecido un goteo de deslocalizaciones. El consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, ha señalado en un acto organizado por el Instituto Vasco de Finanzas que para revertir esta situación es necesario dirigir «los recursos públicos a movilizar el capital y ahorro privados».

Esta necesidad de movilizar capital público para garantizar el arraigo de los proyectos tractores se ha consolidado en un diagnóstico compartido entre el tejido empresarial vasco. Una amplia representación del mismo se ha dado cita este viernes en el Museo Guggenheim para reclamar ambición y herramientas propias que permitan a Euskadi competir sin renunciar al control. La jornada ha servido. de hecho, para reivindicar la necesidad de una alianza sólida para evitar ceder el timón del modelo económico a intereses ajenos al territorio.

La directora del Instituto Vasco de Finanzas, Amaia del Villar, ha hecho un alegato a favor de la «simplificación administrativa» del sector público en un momento en el que las empresas exigen respuestas instantáneas. Del Villar ha defendido que muchos de los proyectos estratégicos en marcha no habrían sido posibles sin la implicación directa del sector público, tanto en financiación como en acompañamiento técnico.